No se negocia con quien niega a España

Los partidos nacionalistas, como viene siendo la norma, se autoexcluyeron ayer de los actos conmemorativos de la Constitución, la Ley Fundamental que, paradójicamente, ha conformado el marco democrático que ha permitido a esos mismos partidos desarrollarse políticamente durante las últimas cuatro décadas. Sin duda, debe tratarse de una anomalía específicamente española, pero que, al mismo tiempo, da testimonio de la alta calidad democrática de nuestra Nación y de la fortaleza de sus instituciones.

Anomalía tolerable, sí, pero siempre que esos movimientos nacionalistas, algunos de carácter xenófobo, no pretendan desbordar el ámbito constitucional y legal que constituye el fundamento del Estado. Valga este preámbulo para advertir de la incongruencia política que supone el mantenimiento de unas negociaciones de Gobierno –puesto que un proceso de acuerdo de investidura opera como tal– con quienes más activamente actúan contra la unidad de la nación y más conscientemente desprecian el principio de la soberanía nacional y de la igualdad entre todos sus ciudadanos.

Que ayer, un día festivo que debería ser motivo de celebración, todas la conversaciones en los salones del Congreso tuvieran como eje a los separatistas de ERC, los mismos que quemaban en Barcelona ejemplares de la Carta Magna y tildaban de franquista el Texto que nos ha hecho libres e iguales; el Texto que nos ha llevado a la mayor descentralización territorial de la historia de España y que nos ha proporcionado décadas de crecimiento, roza lo grotesco y da cuenta de la difícil y compleja situación por la que atraviesa la sociedad española en su conjunto. Incongruencia e incoherencia en unos políticos que, como el presidente del Gobierno en funciones Pedro Sánchez, mantiene una pública defensa del marco constitucional, de cuya voluntad no queremos dudar, y al mismo tiempo pretende hacer descansar la estabilidad política de España, que es la de su Ejecutivo, sobre un partido que ha encabezado un golpe antidemocrático, que tiene a sus principales dirigentes en la cárcel, condenados en firme y con todas las garantías procesales, por sedición, y que mantiene públicamente su voluntad de reincidencia.

Cuanto menos, hay que presuponer que los términos de acuerdo entre las dos partes –el PSOE y ERC– se basarán en objetivos diametralmente opuestos. Porque ni siquiera es posible admitir unos presupuestos ideológicos, ejemplo de manipulación semántica, que parten de una supuesta búsqueda del «encaje político» de Cataluña y el País Vasco en el conjunto de España, cuando el modelo autonómico es, exactamente, eso: el encaje de las distintas regiones en el marco constitucional. Así, cuando desde el propio PSOE se mantiene que hay espacios de confluencia con los separatistas de la Esquerra, cabe preguntarse cuáles son, más allá de unas concesiones competenciales o de financiación que, a la postre, no colman las aspiraciones secesionistas. ¿Hablamos de los presos del procés? ¿De articular las demandas de secesión por la vía de una supuesta plurinacionalidad del Estado? Porque cualquiera de estas condiciones chocan o con la Ley Penitenciaria o con la propia Carta Magna. No en vano ha molestado a los dirigentes de ERC que el candidato socialista advirtiera desde Londres –con motivo de la cumbre de la OTAN– que la negociaciones se mantendrían en todo momento bajo el marco de la ley y con publicidad de su contenido y de los acuerdos que se adopten. Porque por muchos gestos que se hagan a los nacionalistas, y la próxima reunión en Barcelona es uno de ellos, nunca renunciarán al objetivo último. Todo lo más, se avendrán a ganar tiempo. Pedro Sánchez debería ser consciente de en manos de quién deja la gobernabilidad de España.