Una ronda de consultas poco real

La Constitución española es clara al respecto: «Después de cada renovación del Congreso, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno». Pues bien, no parece probable que Su Majestad esté en condiciones de encargar Gobierno tras la ronda de consultas que hoy termina, lo que no deja de ser una anomalía en el procedimiento institucional, reducido, por mor de los intereses políticos del candidato socialista, en un mero acto protocolario que desnaturaliza la función constitucional, específicamente reglada, del Jefe del Estado.

Y esto es así, no sólo porque Don Felipe carece de los elementos de juicio precisos para una designación con garantías, sino porque el presidente del Gobierno en funciones está utilizando a la Institución monárquica al invertir el orden procedimental, en una actitud de aventurerismo político que no por reiterado es menos rechazable. Lo razonable, que es, además, lo que establece la norma, es que el candidato socialista hubiera conseguido los apoyos necesarios para su investidura antes iniciar el procedimiento. Pero, ahora, Pedro Sánchez se encuentra nuevamente al albur de unas negociaciones que nadie puede garantizar que lleguen a buen puerto o, lo que sería gravísimo, que de hacerlo, implicaran unas concesiones difícilmente conciliables con nuestro ordenamiento constitucional.

El insólito espectáculo vivido ayer en el Palacio de la Zarzuela, donde algunos de los representantes de los partidos minoritarios que, supuestamente, han comprometido sus votos a favor de la investidura de Pedro Sánchez, no eran capaces de garantizar ante Su Majestad la materialización de esos apoyos, es la mejor prueba de lo que decimos. Porque, ciertamente, nadie en su sano juicio puede comprometer ante sus electores un voto que suponga avalar el trato desigual y discriminatorio de los españoles, en función de su lugar de residencia.

Si ya plantea serias dudas éticas abrir negociaciones con un partido como ERC, cuyos principales dirigentes se han rebelado abiertamente contra la Constitución y que propugna la destrucción de la unidad de España, éstas se acrecientan cuando se niegan a participar en la preceptiva ronda consultiva con el Jefe del Estado quienes, a la postre, va a tener una influencia muy determinante en el destino de inmediato de la misma Nación que quieren romper. Cabría, incluso, preguntarse qué legitimidad de ejercicio tiene una fuerza política parlamentaria que se niega, sistemáticamente, a acatar las normas constitucionales bajo las que ha adquirido, es preciso insistir en ello, su legitimidad de origen.

Porque es la arquitectura democrática del Estado la que da carta de naturaleza a la representación política. Y es esa misma arquitectura la que establece que la forma del Estado es la Monarquía parlamentaria. Así, carecería de demasiada importancia que el Partido Socialista se haya abierto a una negociación de alto riesgo con un partido como ERC, que plantea una agenda bastante alejada de los intereses comúnes, siempre que no quedaran implicadas las instituciones del Estado, comenzado por la su propia Jefatura. Porque un nuevo fracaso de Pedro Sánchez, como el que obligó a repetir las elecciones generales, significaría, entre otras cuestiones, la desnaturalización del procedimiento constitucional. No es de recibo comprometer la figura de Su Majestad en una suerte de estrategia política de dudosa eficacia, como la que plantea el candidato socialista. Pero, todavía, está a tiempo de rectificar. Basta con respetar las normas, tanto en la letra como en su espíritu, y no volver de Palacio con un mandato sólo sostenido en el « a ver qué pasa».