Madrid COP25: un fracaso esperado

Lo que sí se ha conseguido aumentar es la grandilocuencia de los mensajes de los políticos, lanzados en una carrera alarmista de plazos perentorios, que ningún panel científico es capaz de sostener.

Parafraseando al secretario de Estado norteamericano Charles Evans Hughes, uno de los artífices del Tratado Naval de Washington que, en 1921, impuso la drástica paralización de la carrera de armamentos, sólo hay una forma de reducir las emisiones de CO2 : reduciéndolas. Sin embargo, esta afirmación, que parecería de perogrullo, se ha desvanecido un año más en las conclusiones de la Cumbre del Cambio Climático de Madrid, bajo el manto de los diversos intereses nacionales de los países participantes.

Nada nuevo bajo el sol, sin duda, pero que nos lleva a preguntarnos cuánto hay de sinceridad en unos dirigentes políticos que se declaran convencidos de la inminencia de una crisis climatológica con consecuencias catastróficas para la humanidad y, pese a ello, se niegan a tomar las únicas medidas eficaces bajo las más diversas y fútiles excusas. Porque si se acepta como indiscutible el consenso científico que atribuye el mayor calentamiento de la Tierra al incremento de las emisiones de anhídrido carbónico, la única respuesta posible es acometer su reducción, ya sea mediante la ampliación del mercado de emisiones, que obliga a las industrias más contaminante a pagar una tasa por cada tonelada de CO2 emitido a la atmósfera, o por medio de tratados multilaterales que impongan aranceles verdes a las economías más deficitarias en la protección del medio ambiente.

Sólo la Unión Europea y Suiza se mantienen en lo acordado en el Tratado de Kioto, aunque, para no caer en angelismos, hay que advertir que se trata, en general, de economías dependientes de la importación de petróleo y otros combustibles fósiles, como el gas, a las que beneficia la mayor implantación de energías de fuente renovable o de origen nuclear. De hecho, el incremento del precio de los derechos de emisión, que ha pasado de 3,51 euros por tonelada de CO2 en 2013 a 24,64 euros en 2019, es decir, un incremento del 524 por ciento, parece haber sido el incentivo más poderoso para proceder a la sustitución de las fuentes energéticas. Si, al mismo tiempo, se combinara con un razonable apoyo fiscal a las empresas eléctricas que, como ocurre en España, están apostando por la energía verde, la transición sería más rápida y factible.

Pero el problema de fondo no está en manos de la Unión Europea, que sólo es responsable del 9 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero. China, Estados Unidos, la India, Rusia, Corea del Sur y, en menor medida, Japón, que se llevan la parte del león en la producción de CO2 con más del 60 por ciento mundial, no tienen el menor interés, por más declaraciones de principios que firmen, en cambiar unas fuentes de energía barata, como el carbón por otras más caras, con la pérdida de competitividad industrial que ello conlleva.

Es más, China sigue construyendo centrales de carbón al mayor ritmo de las últimas cuatro décadas. En este sentido, la Cumbre de Madrid, como las inmediatamente precedentes y, con seguridad, las próximas, se ha saldado con un fracaso general, por más que hay habido un pequeño avance en la gestión de los llamados «fondos verdes». Pero lo que sí se ha conseguido aumentar, llamémoslo «efecto Greta», es la grandilocuencia de los mensajes de los políticos, lanzados en una carrera alarmista de plazos perentorios para la catástrofe climática –treinta, cuarenta años, un siglo–, que ningún panel científico es capaz de sostener. Sólo hay, pues, una respuesta posible a la pregunta que nos hacíamos al principio. Que hay más de postureo populista entre unos dirigentes que se han puesto a la cabeza de la manifestación, que de voluntad sincera para afrontar el grave problema climático. Como si, en el fondo, sólo fingieran creer en lo que dice la ciencia porque es, por supuesto, lo que da y quita votos.