Más deuda y desempleo, mal pronóstico

Las previsiones del Banco de España sobre la evolución de la economía nacional se sostienen, por expresarlo de manera sencilla, sobre un imponderable: que el «tono» económico se mantenga en los niveles actuales y los ingresos fiscales sean capaces de absorber el mayor gasto de unas pensiones que, según el programa político pactado entre el PSOE y Podemos, van a indexarse al IPC. Y todo ello, por supuesto, suponiendo que la prevista subida del salario mínimo (SMI) no repercuta negativamente en un mercado laboral que ya presenta peores indicadores, precisamente, en aquellas comunidades donde está más extendido el SMI.

Hasta aquí, la parte optimista, porque, ayer, el Regulador advirtió al Ejecutivo en funciones de que no iba a ser posible cerrar 2019 con la prevista reducción del déficit público hasta el 2 por ciento –se quedará en el 2,5 por ciento–, con lo que puede darse por perdido el ejercicio a efectos del saneamiento de las cuentas del Estado. Tras los grandes esfuerzos de estos últimos años, en los que el Gobierno popular consiguió rebajar el déficit desde el 10,5 por ciento del PIB de 2012 al 2,5 por ciento de 2018, nos hallamos ante un frenazo en la tendencia de reequilibrio que no augura nada bueno. Contrasta significativamente esta relajación del Gabinete de Pedro Sánchez, que lleva en el poder desde junio de 2018, con el extremado celo con que se trata a la actual Junta de Andalucía, a la que se imputa el desvío presupuestario de una décima en el que incurrió el anterior Gobierno autonómico socialista, mientras se buscan nuevas concesiones y mayores plazos de la Comisión Europea para seguir incrementando una deuda pública monstruosa, el 96 por ciento del PIB, que, sólo en el pago de intereses, supone un gasto de 24.000 millones de euros anuales.

Por lo tanto, ese celo, que tiene mucho de táctica política intimidatoria, debería también aplicarse al cumplimiento de nuestros compromisos con Bruselas, no sólo porque nos debemos al pacto de Estabilidad, sino porque la reducción de la deuda del Estado es una de las prioridades económicas que señalan todos los organismos internacionales. Con todo, lo que más preocupa del informe de previsiones del Banco de España, que prevén una corrección gradual del déficit público hasta 2022, es que se basan, como ya hemos señalado, en que se mantengan los efectos favorables del presente ciclo económico, condición que nadie está en situación de garantizar, y en el que incide notablemente la evolución del consumo interno, incluso, por encima del balance exportador.

Pues bien, sobre este escenario, no exento de riesgos, como demuestra que los hogares españoles sigan incrementando su tasa de ahorro –síntoma de desconfianza en el futuro–, la caída del mercado de crédito y la desaceleración significativa de la recaudación del impuesto de sociedades, pretende operar el gobierno de coalición social-comunista con unas fórmulas, incremento del gasto público y mayor presión fiscal sobre los sectores productivos, que siempre conducen al mismo punto: la pérdida de la competitividad y, con ella, la destrucción del empleo, que, como decimos, en estos momentos ya crece tres décimas por debajo del PIB, según los mismos datos del Regulador.

Porque el programa del próximo Gobierno de Pedro Sánchez, si es que consigue ser investido, sólo significa mayor gasto público y mayor presión fiscal sobre las empresas y la clase media trabajadora, sin que la mayor carga impositiva presuponga un incremento suficiente de los ingresos del Estado. La situación económica de España aconsejaba aprovechar la época de bonanza para reducir el déficit público y la abultada deuda, algo perfectamente factible. Bajo la actual inestabilidad política, ese propósito suena a ciencia ficción.