La prisa de Sánchez genera sospechas

La Mesa del Parlamento ha habilitado laboralmente los días 28,29 y 30 de diciembre en previsión de que pueda celebrarse el pleno de investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez. La decisión, que compete principalmente a la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, no sólo supone un trastorno evidente para los empleados y funcionarios del Congreso, que se verían obligados a trabajar un fin de semana en plenas vacaciones navideñas, sino que revela las prisas y la ansiedad que embarga al presidente del Gobierno en funciones y, suponemos, a la actual dirección del PSOE, por concluir un acuerdo con los separatistas catalanes de ERC que no deja de ser de alto riesgo para la estabilidad de España y cuyas condiciones deberían ser expuestas con absoluta claridad al conocimiento de una opinión pública que, según todas las encuestas, mantiene graves reservas sobre el asunto. Prisas inexplicables si tenemos en cuenta que el actual Ejecutivo lleva ya ocho meses en funciones y que no hay en el horizonte más inmediato circunstancia extraordinaria alguna que las justifique. Es más, la naturaleza del pacto que se pretende, aconsejaría retrasar el pleno de investidura hasta después del período vacacional, una vez que los ciudadanos hayan retomado sus actividades habituales y puedan centrar su atención plena en una actuación política que, sin duda, va a tener muchas repercusiones en el devenir de los hogares españoles.

No es de extrañar que el silencio oficial, que raya el obscurantismo, sobre el contenido de las negociaciones con la Esquerra –también con los comunistas de Podemos–, las continuas alusiones al Poder Judicial, como si su intervención, en la forma que sea, pudiera decantar una cuestión que en absoluto es de su competencia, todo ello unido al calendario enfebrecido de la presidenta de la Cámara, acabe por despertar todo tipo de recelos y suspicacias, como si los protagonistas tuvieran algo sospechoso que ocultar a los españoles. Insistimos en que, en realidad, lo que convendría al interés general, aunque sólo sea para preservar la salud pública, es separar el mayor espacio de tiempo posible el pleno de investidura de las secuelas sociales de esta ceremonia de la confusión que estamos viviendo, creada y alentada por el nacionalismo catalán, que, no es posible ocultarlo, está abriendo una nociva brecha entre los ciudadanos y sus instituciones judiciales, percibidas como maleables a los intereses políticos más pedestres. Que algunos representantes del Gobierno de la Nación, como su vicepresidenta Carmen Calvo, den pábulo al relato separatista, pueril manipulación de una sentencia europea que no cuestiona las decisiones últimas del Tribunal Supremo, y que se admita que es posible que uno de los cuerpos claves en la defensa del interés público, que no gubernamental, como es la Abogacía del Estado, pueda ser forzada a realizar «gestos jurídicos» para contentar a unos partidos que han protagonizado el mayor ataque a la democracia española y a su unidad desde Tejero, es un escándalo sólo atenuado por el asombro paralizante que embarga a buena parte de la sociedad española.

La única actitud lícita en estos momentos es la de ofrecer la máxima claridad a los ciudadanos por parte, al menos, de quienes pretenden gobernarlos durante los próximos años, es decir, el PSOE y Podemos. Debería ser extensiva esta obligación a ERC, pero comprendemos que, en su caso, apearse del doble lenguaje es tanto como desnudar unas contradicciones sin solución ante un electorado al que, una vez más, se le vende un imposible. Porque ningún Gobierno español, por más condicionado parlamentariamente que se encuentre, puede atender las demandas públicas del nacionalismo rupturista. Y si hay propuestas bajo la mesa, es imperativo democrático que se sepan.