Los jubilados, rehenes de Sánchez

No debe extrañarse la portavoz del Gobierno en funciones, la ministra Isabel Celaá, si la opinión pública atribuye a una decisión estrictamente política, de presión hacia los hipotéticos socios de investidura, la congelación de las Pensiones, del salario mínimo (SMI) y de los sueldos de los funcionarios hasta que el Parlamento no apruebe la elección de un nuevo Ejecutivo.

Se nos dirá que un Gabinete en funciones, según doctrina reiterada de la Abogacía del Estado, no puede aprobar partidas presupuestarias que comprometan a sus sucesores, pero es una verdad a medias, al menos, en lo que se refiere a los tres casos que hemos citado y que son los más sangrantes, es especial lo referido a las prestaciones de jubilación, que no sólo no suben, sino que pierden poder adquisitivo. Así, el SMI debe revisarse por ley al término del ejercicio anual, tal y como establece el Estatuto de los Trabajadores, con independencia de la cuantía final que fije el Gobierno con sindicatos y empresarios, de acuerdo a la evolución del IPC, la productividad y la situación económica general. Respecto a la congelación de los sueldos de los funcionarios, se incumple el compromiso salarial firmado hace dos años por el Gobierno de Mariano Rajoy con los representantes sindicales de la función pública. Y, por último, en lo que se refiere a las pensiones, asunto que afecta directamente a más de 9 millones de españoles, por cierto, los más vulnerables, no se explica porque el Gabinete en funciones ha recurrido a un Real Decreto para anular el artículo 58 de la ley de la Seguridad Social, que establece desde 2013 que las prestaciones por jubilación se revalorizarán al 0,25 por ciento, si la situación económica no mejora.

Aunque la ministra Celaá se excuse en que el próximo Gabinete aplicará un 0,9 por ciento de subida a los pensionistas con efectos retroactivos a uno de enero, nada impedía hacerlo en dos fases. Pero, al menos, tras la celebración de este último Consejo de Ministros, y visto lo visto, se entiende perfectamente por que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no ha querido comparecer ante unos periodistas que, sin duda, le demandarían explicaciones sobre el incumplimiento flagrante de una de las promesas estrella del PSOE durante las últimas campañas electorales, reiterada en diversos foros públicos por el propio candidato socialista, como era la vinculación de las pensiones al IPC.

Si ya era rechazable el uso electoralista de un asunto tan sensible, que afecta al conjunto de la sociedad por encima de las ideologías y al que –dada la prevista evolución demográfica del país y el problema de la reducción de los salarios que ha experimentado el mercado laboral– hay que abordar desde el mayor consenso posible, mucho más reprobable se antoja su utilización como táctica política. Porque, tras los argumentos expuestos, es muy difícil no ver en la congelación de pensiones y sueldos, la decidida voluntad de Pedro Sánchez de presionar al conjunto de los partidos para que se avengan a desbloquear su investidura, todavía muy comprometida, incluso, al precio de tomar como rehenes a los jubilados.

Con una nota final de cierto ventajismo. Porque cuando desde el Ejecutivo se afirma que las prestaciones por jubilación se han incrementado en el 1,6 por ciento en 2019, se oculta que esa evolución se debe al acuerdo alcanzado entre el PP y el PNV para elaborar los Presupuestos Generales del Estado de 2018, los mismos que aún están en vigor. A nuestro juicio, no será penalizando a pensionistas, funcionarios y trabajadores como el candidato socialista a La Moncloa va a conseguir el apoyo de los separatistas de ERC que, no hay que dudarlo, están a otras cosas.