Sánchez fuerza a la Abogacía del Estado

Un presidente del Gobierno –aún en funciones– puede equivocarse sobre el precio exacto de un litro de gasolina, pero no de las funciones que tiene un órgano del Estado, del que él es máximo representante. Cuando el pasado 7 de noviembre Pedro Sánchez dijo que la Fiscalía depende del Gobierno no sólo estaba equivocado, sino que dicho error procedía de una interpretación política nefasta para la división de poderes: al otorgar la Constitución (artículo 124.4) al Ejecutivo el nombramiento del fiscal general del Estado, creyó que dicho organismo estaba a su servicio. Un día después, ante el malestar del ministerio fiscal, Sánchez admitió que se había equivocado. Pero el candidato socialista persiste en el error y en la intromisión en órganos que son del Estado, no de su partido.

El trato que está dando a la Abogacía del Estado, como si fuera un organismo al servicio del Gobierno, sigue repercutiendo en ese deterioro institucional en el que persiste la disparatada investidura de Sánchez apoyándose en partidos que quieren acabar con la unidad territorial. De ahí que el Gobierno haya presionado abiertamente a la Abogacía del Estado para que el Tribunal Supremo pida la liberación del líder de ERC, Oriol Junqueras, y pueda acudir al Parlamento Europeo a recoger su acta de eurodiputado. Este es el gesto que le piden los independentistas, entre otros, para dar su apoyo a la investidura de Sánchez. El «gesto» podría ir más allá, si piden que no ingrese en prisión –donde cumple 13 años por sedición– hasta que la Eurocámara tome una posición sobre su inmunidad. La independencia de la Abogacía ha quedado en entredicho cuando fue utilizada sin pudor alguno en las negociaciones entre PSOE y ERC, ya que estos últimos reclamaron que tomara una posición favorable a sus intereses –es decir, la libertad de Junqueras y la deslegitimación del Estado–, y aún saltándose su función principal: la de asesorar jurídicamente a la Administración y no a un partido político que busca sin escrúpulos llevar a su candidato a La Moncloa, sea como sea. En respuesta a esta presión, la Asociación de Abogados del Estado emitió ayer un comunicado corto y contundente ante «cualquier intento de injerencia o presión y especialmente de amenaza que tenga por finalidad desvirtuar o condicionar el ejercicio de las funciones de la Abogacía del Estado». La situación planteada por socialistas e independentistas hace insostenible la situación, al atentar contra un organismo centenario –creado en 1881– y su «estricta sujeción a criterios técnico-jurídicos», como recuerda en el mismo comunicado.

Cualquier decisión que tome la Abogacía será interpretada con todas las dudas. Es llamativo que la Fiscalía, que también sufrió la injerencia del Gobierno durante el juicio del 1-0, haya resuelto con rapidez cuál es su posición respecto a la sentencia de Tribunal de Justicia de la Unión Europa del pasado día 19: que dicho fallo no debe afectar a la situación de Junqueras, ya que está condenado bajo sentencia firme. Por contra, si bien el Cuerpo de letrados del Estado tenía previsto presentar sus argumentos al Tribunal Supremo el pasado 23 de diciembre, la decisión se ha demorado –siendo el 2 de enero la fecha tope–, cuando su complicación jurídica no era mayor que cuando no se opuso a la salida de los independentistas el pasado 10 de junio para hacerse cargo de sus actas en el Congreso. Esta tardanza es incomprensible, dado que el dictamen prejudicial del Tribunal de Justicia de la UE sobre la inmunidad de Junqueras no afecta en nada la sentencia en firme de su condena por sedición. Que haya que recordarle al candidato socialista que la Abogacía del Estado no es un cuerpo a su servicio, sino al conjunto de la Administración, indica el deterioro que su irresponsable investidura está causando en las instituciones.