Opinión

Investidura inhabilitada

Manifestantes se concentran en Barcelona en apoyo a Torra y abuchean a ERC
Toni AlbirEFE

El escenario que se abre tras la inhabilitación de Oriol Junqueras y, en menor medida, la de Joaquim Torra sitúa la investidura de Pedro Sánchez en el límite. Era una operación de alto riesgo, desde el punto de vista constitucional, pero también por la derivadas procesales de sus socios independentistas. ERC deberá ahora decidir si sigue apoyando al candidato socialista, al incumplirse su deseo de que Junqueras pudiese recoger su acta de eurodiputado, aunque sólo fuese por el gesto de humillación hacia las instituciones españoles. Recordemos que esta fue una condición que pusieron los independentistas para su abstención, o por lo menos que la Abogacía del Estado fuera favorable a que el líder de ERC pudiese acudir a los plenos de la Eurocámara, como así defendió en el escrito. Pero había un punto que no les gustó: que los letrados del Estado sostuvieran que la inmunidad de Junqueras quedase supeditada a un pronunciamiento de la Junta Electoral Central (JEC), que ya ha hablado: es incompatible su condena –a 13 años por sedición y malversación– con su condición de diputado europeo electo. Como muestra de que esto desbarata los planes del PSOE, Adriana Lastra ha criticado el fallo de la JEC.

La decisión se toma en aplicación del artículo 6.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) que establece que «son inelegibles los condenados por sentencia firme, a pena privativa de libertad, en el periodo que dure la pena». La debilidad de los apoyos que ha buscado Sánchez es extrema, algo que el candidato quiere eludir, como tampoco quiere explicar en qué consiste exactamente su acuerdo con un partido independentista como ERC, pero no debería ignorar que como este capítulo se repetirán otros: el 20 de enero arranca el juicio contra Josep Lluís Trapero y la cúpula de los Mossos d’Esquadra por supuestos delitos cometidos el 1-O. La JEC ha acordado también inhabilitar al presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, lo que le obligará a dejar de ser diputado en el Parlament y tener la máxima representación institucional de Cataluña. Esta decisión –solicitada por el PP, así como la de Junqueras– viene a añadirse al rompecabezas político que vive la investidura de Sánchez, ya que JxCat y los seguidores de Puigdemont intentarán dejar en evidencia clamando traición a los de ERC si éstos hacen presidente a Sánchez. Anoche, arriaron la bandera española del Palacio de la Generalitat. Torra, un fundamentalista nacionalista, no tuvo problemas en reconocerse como un presidente vicario al servicio de Puigdemont.

Su actividad en sus diecisiete meses de mandato se ha caracterizado por llevar el cargo que representa a una degradación institucional que será difícil de limpiar. Tras su paso por la plaza de Sant Jaume, la Generalitat se ha convertido en un mero brazo político del independentismo. Torra desobedeció a la JEC al no retirar la pancarta sobre los presos y los lazos amarillos del Palacio de la Generalitat durante la campaña electoral del pasado mes de abril, lo que provocó que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) le condenase a un año y medio de inhabilitación por un delito de desobediencia. Sin esperar el recurso que Torra anunció para dilatar el proceso y seguir su desafío al Estado, la JEC ha fallado, a pesar incluso de la presión ambiental que recomendaba que retrasase la decisión para no interferir en la investidura de Sánchez. La destitución de Torra sería efectiva en el momento que JEC –formado por ocho magistrados del Supremo elegidos por sorteo y cinco catedráticos nombrados por los partidos con representación el Congreso– notifique íntegramente el acuerdo, lo que tendrá lugar cuando los miembros de la JEC que presentaron un voto particular –seis de siete– presenten sus escritos. Persistir en la desobediencia es un camino cegado por el Estado de Derecho. Una lección que también debería tener en cuenta Sánchez.