La sangre helada

El 16 de mayo de 2005, Pilar Ruiz Albisu, madre de Joseba Pagazaurtundua, asesinado por ETA dos años antes, escribió una carta al líder de los socialistas vascos entonces en la que le dejó una frase que hoy es todo un símbolo: «Dirás y harás muchas cosas que me helarán la sangre». Y añadió: «Hay muchos ciegos que serán leales a lo que hagáis, aunque nos traicionéis, porque sólo ven las siglas». Fue una premonitoria declaración que, de cuando en cuando, remueve la memoria democrática de este país marcada por uno de los episodios que constituyeron la mayor defensa de nuestra democracia: la resistencia contra el terrorismo nacionalista vasco. Ayer, sin embargo, vivimos un momento en el que se nos volvió a helar la sangre, precisamente en la segunda sesión de investidura, cuando la representante de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, atacó directamente al Rey por su discurso el 3 de octubre de 2017 en defensa del orden constitucional en Cataluña ante la «deslealtad inadmisible» de la Generalitat. La representante abertzale dijo que España era un Estado «autoritario» y que la intervención de Felipe VI fue «una de sus expresiones más evidentes». Nada se puede esperar de los herederos de ETA, que en nada se han desdicho de sus crímenes, pero sí de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y sobre todo del presidente del Gobierno en funciones, allí presente en tan solemne sesión. No vamos a decir aquí lo que Pedro Sánchez tendría que haber replicado, pero hubiera bastado recordarle a quien profirió tan graves insultos que el Rey cumplió su papel y salió en defensa de la democracia en un momento grave para nuestro país. Pero no lo hizo, prefiriendo una réplica que no alterase su cálculo electoral: la abstención de los cinco diputados de EH Bildu es necesaria para la investidura de Sánchez. Es tal la fragilidad del candidato y tal su abulia moral, que prefiere dañar de raíz a las instituciones del Estado antes que molestar en algo al grupo de Otegi.

En la misma línea actuó Batet, que ni siquiera aceptó aplicar el Reglamento del Congreso, que especifica claramente en su artículo 103 que los diputados serán llamados al orden «cuando profirieren palabras o vertieren conceptos ofensivos» contra las Instituciones del Estado. No lo hizo y no exigió a la representante proetarra a que retirase su palabras, añadiéndose así al cúmulo de insultos y descalificaciones han sufrido las instituciones del Estado –Poder Judicial y Jefatura del Estado con especial inquina– durante la investidura. En el Congreso se han oído discursos de los portavoces abertzales que dañaban la memoria democrática del país y de las víctimas del terrorismo, pero siempre han encontrado la respuesta justa de la presidencia de la Cámara y de todos los partidos constitucionalistas, incluido el PSOE. Lo que se vivió ayer fue la aceptación del discurso del nacionalismo radical vasco de entender a España y sus instituciones como un Estado autoritario, que ha sido el relato que se impuso durante el debate de investidura sin que Sánchez saliese en su defensa, dado que sus socios –Unidas Podemos, ERC, PNV y EH Bildu– no lo harán nunca.

Es, por otro lado, significativo que los abertzales se sumen al «proceso» independentista catalán, como vehículo para alcanzar los mismos objetivos –el derecho de autodeterminación– y como forma de desestabilizar al Estado. Pueden estar satisfechos, porque la investidura y los pactos que llevaran a Sánchez de nuevo a La Moncloa han supuesto una merma de la legitimidad de las instituciones democráticas. El gran logro de esta estrategia aventurera es haber creado un frentismo que supone acabar con el pacto de la Transición. Sánchez debería tener en cuenta que se corre un alto riesgo sumando a su frente a fuerzas como las herederas de ETA. Decía Pilar Ruiz Albisu en su carta: «La defensa de la vida y de la libertad y de la dignidad es más importante que el poder o que el interés del Partido Socialista».