Ataque sin precedentes al Poder Judicial

El legislador fue incapaz de prever que pudiera darse tal atropello de la Fiscalía en una democracia, pues de lo contrario hubiera establecido con más claridad las cautelas del Estatuto, que prohíben a sus miembros pertenecer a partidos o trabajar a su servicio.

Si bien el sentido utilitarista que impregna la ética de la izquierda nos debería curar de espantos, la intención de nombrar a Dolores Delgado como responsable de la Fiscalía General del Estado supone elevar un peldaño más la incoherencia entre lo que se proclama y se exige agriamente a los demás, por parte de esa misma izquierda, y lo que luego se practica sin el menor decoro, ya sea con el nepotismo abrumador, ya sea con unos nombramientos que, cuando menos, manchan del peor partidismo a las instituciones del Estado.

Sin duda, el legislador fue incapaz de prever que pudiera producirse tal atropello del Ministerio Público en una democracia digna de ese nombre, pues de lo contrario hubiera establecido con más claridad las cautelas del artículo 59 del Estatuto de la Fiscalía, que prohíbe a sus miembros pertenecer a partidos políticos y sindicatos o trabajar al servicio de éstos, para resguardar los principios de imparcialidad e independencia que rige la función jurisdiccional de los fiscales. No sólo hay que remontarse a los primeros gobiernos socialistas, antes de las reformas legislativas, para encontrar un caso tan palmario de apariencia de parcialidad, sino que ni siquiera el precedente de Javier Moscoso, nombrado fiscal general dos años después de haber sido ministro de Presidencia, nos sirve, aunque solo sea porque aún no se había llevado a cabo la reforma del Estatuto Fiscal de 2007, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que, como reza su declaración de motivos, pretendía dotar de mayor autonomía a la Fiscalía en el desempeño de sus funciones para contribuir a reforzar, de cara a la sociedad, el principio de imparcialidad que preside su actuación.

Palabras vanas, al parecer, para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ya nos dio un atisbo de lo que pretendía cuando se declaró convencido de que el Ministerio Público estaba a las órdenes del Gobierno. En efecto, lejos de hallar sinceridad en sus posteriores rectificaciones, lo que se constata es que Sánchez se reitera en lo que a todas luces es un error de fondo y de forma, incluso de estética política, y, lo que es más grave, transita por caminos de delicado deslinde. Porque la Fiscalía, tal y como está concebida, es un órgano de relevancia constitucional, con personalidad jurídica propia e integrado con autonomía jurisdiccional en el Poder Judicial. Es decir, que la manipulación gubernamental del Ministerio Público redundaría en el ataque a uno de los poderes esenciales del Estado, hecho de una gravedad que no es posible ocultar. La inmediata reacción de las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales, que, simplemente, se declaran estupefactos, abona lo que decimos, tanto como la preocupada respuesta de los partidos de la oposición, que buscan cauces legales para impedir el desafuero.

Podríamos referirnos a la figura de la persona elegida por el presidente del Gobierno, la ex ministra de Justicia, diputada socialista y fiscal en excedencia, Dolores Delgado, para reforzar nuestros argumentos, pero no es necesario. No es cuestión de quién ocupa el puesto, sino bajo qué premisas lo hace. Sin duda, Delgado va a tener que intervenir forzosamente en un procedimiento judicial que la implica, al menos, indirectamente, como es el llamado «caso Villarejo», pero, ya decimos, se trata de una cuestión menor. Porque lo verdaderamente trascendente es la sospecha de que ha sido elegida para que pueda actuar como brazo ejecutivo de la política de «desjudicialización» del proceso separatista catalán, que es tanto como decir la búsqueda de una salida impune para quienes cometieron un grave atentado contra la unidad de España consagrada en la Constitución. Y ya hemos visto que con la Abogacía del Estado, Pedro Sánchez no tuvo el menor escrúpulo.