Ni bloqueo ni órdago izquierdista

La pretensión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que los partidos de la oposición admitan el hecho consumado del nombramiento de Dolores Delgado al frente de la Fiscalía como una muestra de normalidad democrática y respeto a la independencia de la Justicia, no pasa de ser un brindis al sol que, probablemente, ni los más conspicuos partidarios del uso alternativo del Derecho, ese que siempre desemboca en la pérdida de las garantías democráticas, comparten.

Es, en efecto, una postura demasiado cínica acusar al Partido Popular, como hizo ayer motu proprio el jefe del Ejecutivo, de tratar de bloquear la renovación de las instituciones judiciales, cuando la contrapartida puede ser, nada menos, que la conformación de una de esas mayorías llamadas «progresistas», siempre proclives a atender los intereses de la izquierda desde la práctica de lo que se ha dado en llamar «ingeniería jurídica». Más aún si cabe, cuando el Tribunal Constitucional está llamado a resolver en los próximos años una serie de recursos planteados por los separatistas catalanes, que, no lo olvidemos, tienen la última palabra a la hora de mantener a este Gabinete de coalición o derribarlo. Igualmente, no predispone al ánimo negociador que los socios del Gobierno, que se rasgan las vestiduras en la apoteosis de la incoherencia, se hayan referido al «reaccionario brazo judicial de la derecha» ante una decisión jurisdiccional que podía incomodarles el acceso a La Moncloa.

Que la expresión, insultante para los miembros de la Junta Electoral Central, proviniera de quien ahora es ministro de Sánchez, tampoco abona, precisamente, la confianza de los populares. Por último, no debería extrañarse el presidente del Gobierno si la oposición y una buena parte de la opinión pública, en la que se incluye la carrera fiscal, se han tomado el nombramiento de Dolores Delgado como un órdago político arrogante. Aunque el PSOE no quiera reconocerlo, significa tanto como arrojar a la cara del adversario un sentimiento de superioridad moral que los hechos, tozudos, desmienten.

Así pues, Pedro Sánchez no puede quejarse si el Partido Popular se resiste al trágala. Al fin y al cabo, los socialistas siempre han bloqueado la renovación de las instituciones cuando la aritmética parlamentaria les era contraria. Pero dicho esto, lo cierto es que es preciso abordar tanto la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato caducó en diciembre de 2018, como el relevo de cuatro de los jueces del Tribunal Constitucional o la presidencia del Defensor del Pueblo, aunque sólo sea porque así lo exige el actual ordenamiento jurisdiccional.

Y aunque parezca pecar de angelismo, la actual situación en el Congreso, donde es imprescindible el concurso del Partido Popular, también de Navarra Suma, para alcanzar con el PSOE la mayoría reforzada de tres quintos de la Cámara, abre una gran oportunidad para enfrentar la renovación de los órganos institucionales desde la perspectiva que informaba el ánimo del legislador. Por supuesto, no se trata de exigirle a Pablo Casado que ceda ante las propuestas de la izquierda y de unos candidatos que, como ya hemos señalado, suelen estar próximos a los postulados del uso alternativo del derecho, sino de que se aborden conjuntamente unas candidaturas en las que figuren juristas de reconocido prestigio y probada independencia, como los que existen en nuestro país. La tentación de mantener la interinidad de los organismos citados en aras de una supuesta vuelta al sistema de elección del 78, aunque políticamente comprensible, no es justificable. La norma es la que es, y cualquier cambio legislativo tiene sus vías establecidas. Pero, eso sí, si Pedro Sánchez plantea nuevos órdagos tipo Delgado, que luego no nos hable de bloqueos.