Libertades en peligro

Hay tres libertades en el punto de mira de Pablo Iglesias, que ha aprendido de los modelos bolivarianos que cambiar una sociedad pasa por ideologizar su enseñanza, sus medios de comunicación y sus tribunales. Educación, prensa y jueces son los objetivos. Lo peligroso es que el presidente del Gobierno coincide en buena medida con su vicepresidente. Su ministra de Educación, Isabel Celaa, ya nos puso recientemente los pelos de punta al señalar que el derecho educativo de los padres no estaba amparado por la Constitución. Esta señora va a eliminar la «demanda social» de los criterios de planificación escolar, forzándonos con calzador a la enseñanza estatal.

En lo que a la libertad de prensa se refiere, también fue el propio Pedro Sánchez quien aludió en el pasado debate de investidura a la necesidad de luchar contra las «fake news». Es curioso que enarbole la bandera contra la mentira el que la practica con soltura, pero la «lucha por la verdad» ha sido y es el «leitmotiv» de todos los autoritarismos cuando quieren limitar la libertad de expresión. La batalla por «la verdad» puede llevar al ostracismo a más de un librepensador.

El tema de los jueces es viejo caballo de batalla y, en el acuerdo del PSOE con Podemos, se especificaba la voluntad de crear un acceso alternativo a la carrera judicial. Otra vez sorprende que Pablo Iglesias afee a los magistrados su parcialidad (en el Congreso, con motivo de la votación del cargo presidencial) y, a la vez, pretenda parcializar la Justicia, pero es claro que hay quien ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Hay muchas muestras de que el Gobierno va a utilizar el poder judicial cuanto se le permita. Primero, porque ha elegido a su ex ministra de Justicia como Fiscal General, un gesto de desfachatez inaudito. Segundo, porque ha encomendado a su nuevo ministro de Justicia que «desjudicialice» lo que llama ahora «conflicto catalán» (curiosa paradoja que el un juez desjudicialice) y, en tercer lugar, porque Pablo Iglesias ha asumido públicamente el discurso secesionista de descalificar nuestra Justicia fingiendo que ha sido «humillada» por los tribunales europeos. Ni Luxemburgo ni Estrasburgo han hecho otra cosa que respaldar nuestras decisiones. Otra cosa es el provinciano tribunal de Schleswig–Holstein, que no pinta gran cosa ni en Alemania ni aquí, y al que no están sometidos en absoluto nuestros jueces. No me extraña que haya tenido que protestar el Consejo General del Poder Judicial. Que se vayan apretando los machos las patronales de los colegios, las asociaciones de padres o los medios de comunicación. Hace falta una gran «esfuerzo» para dejar esta España de modo que no la conozca ni la madre que la parió.