Muchos ministros para poco tiempo

Para entender la nueva composición del Gobierno de Pedro Sánchez hay que partir del hecho de que no responde a las prioridades del programa –que ha quedado difuminado–, sino a la de dar acomodo a las cuotas de la coalición formada con Unidas Podemos. No tiene ningún sentido un Ejecutivo con 23 ministros –y Alemania con 15 y tres partidos– basado en el desdoblamiento de responsabilidades, cuando podían ejercerse sin perder categoría política desde una Secretaría de Estado, como se hace en otros países de nuestro entorno, aunque ahora, con 31, también supera la media de los anteriores gobiernos españoles. En definitiva, se trata de un Gobierno con el que Sánchez quiere equilibrar su poder con la irrupción de tres ministerios que corresponden a UP y, dentro de ellos, a las diferentes facciones y una vicepresidencia de mucho peso simbólico en manos de un hipermediático Pablo Iglesias.

A casi la mitad de los votantes de Podemos (42,9%) le parece que se trata de un gabinete sobredimensionado, lo que no sólo supone un gasto innecesario, sino una estructura complicada de coordinar. La mayoría del electorado, incluido el socialista (con un 60,7%), considera que el nuevo gobierno tiene demasiados ministros (71,3%), según un sondeo de NC Report que publicamos hoy, llegando a separar Seguridad Social de Trabajo para dar cabida a una representante de UP en este último y dejando en manos del PSOE las pensiones, que, sin duda, es un tema estratégico para la estabilidad social. Después de todo, la estructura real del Gobierno sobrepasa el Consejo de Ministros con una especie de «primer ministro» representado por el jefe de Gabinete de Sánchez, Iván Redondo, que dará forma política a la labor diaria de los departamentos. En esta autonomía del discurso político frente a la gestión, que pasa a un segundo plano, es significativo que Sánchez haya elegido a su ex ministra de Justicia, Dolores Delgado, como fiscal general del Estado, aún a sabiendas de que era una decisión que atentaba directamente contra la separación de poderes, despreciando que una iniciativa que afecta de lleno al poder judicial en un momento crítico –está en el punto de mira del independentismo– pudiese tener consecuencias políticas en el futuro. Un 51,5% de los encuestados no aprueba este nombramiento, aunque los votantes de la coalición de gobierno, PSOE (66,7%) y UP (57,1%), sí están a favor, siguiendo a sus dirigentes que se esforzaron en defenderla. En cuanto al pacto suscrito entre socialistas y ERC, las dos formaciones de gobierno lo aprueban. Los socialistas en menor medida (56,8%) y de manera más amplia los de Podemos (81%), dando un perfil ajustado de la defensa que han hecho ambos partidos: el PSOE como mal necesario para conseguir la investidura y UP compartiendo con los independentistas planteamientos como el derecho de autodeterminación.

Por contra, ninguno de los votantes sondeados de PP, Vox y Cs está de acuerdo con el pacto con ERC, lo que da medida de la fractura que se ha abierto en un tema que condicionará toda la legislatura y que un 36,4% cree que no durará cuatro años. De hecho, un 54,7% es contrario a que el Gobierno de la nación dependa de un partido que defiende la independencia de una parte del territorio. En este sentido, sólo un 23,9% del total es partidario de que Sánchez se siente a negociar sobre el «conflicto político» con Joaquim Torra, que está, además, inhabilitado por la justicia, lo que también coincide con el punto de vista del votante socialista (28,4%), aunque vuelve a marcarse la diferencia de criterio con UP, que de manera mayoritaria (73,8%) es partidario de sentarse a hablar con el presidente de la Generalitat en las condiciones de bilateralidad que él exige. Pablo Iglesias e Irene Montero son los dos miembros del Gobierno peor valorados, también para los socialistas, lo que da pie a muchas interpretaciones, aunque pueden demostrar por qué tienen tan alta responsabilidad. Tiempo al tiempo.