Un falso debate contra la derecha

Comienza una legislatura complicada, con un Gobierno de matriz socialista en minoría parlamentaria y sometido a dos fuerzas centrífugas, más bien pulsiones, como son el nacionalismo y el populismo de izquierda radical, con programas políticos sólo coincidentes en la ruptura del consenso constitucional, surgido de la Transición. Dicho de otra forma, un Gobierno de coalición sin suficiente respaldo popular se apresta a promulgar un corpus legislativo que, sin duda, va a provocar una fuerte reacción política y social, que, si bien, ya se está viendo reflejada en sectores tan caracterizados como la judicatura y las organizaciones empresariales, deberá ser canalizada, como corresponde a un sistema democrático representativo, a través de los partidos de la oposición, en este caso, del centro derecha.

Muy consciente de lo que está en juego, la formación de Unidas Podemos, comunista, ha puesto en marcha una campaña de propaganda preventiva a partir de un asunto menor, como es el llamado «pin» parental, que ni pone en cuestión los fundamentos de la educación pública ni supone conculcación alguna de libertades ni, por supuesto, establece nuevos paradigmas sobre los límites de la patria potestad. Simplemente, en la comunidad autónoma de Murcia, el contenido de las actividades extraescolares, es decir, no curriculares, que se realizan en horario lectivo, debe ser comunicado previamente a los padres, con expresión de la titulación y experiencia profesional de quienes vayan a impartir las actividades. Por supuesto, detrás de esta medida, que también funciona con normalidad en otros ámbitos de la enseñanza básica, está el rechazo de muchas familias a que sus hijos pequeños sean formados en cuestiones afectivo-sexuales desde la perspectiva de una ideología transgénero que no comparten.

El asunto, ya decimos que menor, ha sido uno de los caballos de batalla de VOX, partido populista que no ha vacilado a la hora de extrapolar los casos más esperpénticos sucedidos en algunos colegios públicos como parte de una campaña que, en ocasiones, va más lejos de la mera y deseable corrección de excesos, que los hay. Pero más allá de un cierto oportunismo político, ni hay una agresión a la educación pública, como dice la vicepresidenta primera, Carmen Calvo; ni se aprecia materia judicial, como denuncia la ministra de Educación, Isabel Celaá; ni, mucho menos, es de recibo la amenaza del 155 que hizo ayer la delegada gubernamental para la violencia de género, Victoria Rossel. En realidad, la génesis de toda esta sobreactuación de la izquierda, y su objetivo último, se encuentran resumidos en el reciente mensaje del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, cuando afirma que con el dichoso «pin» parental se «busca normalizar la desobediencia de la derecha frente a la Ley».

Si bien no es novedad la pretensión de la izquierda de deslegitimar aquellas posiciones del centro derecha contrarias a sus presupuestos ideológicos o políticos, no es posible menospreciar la advertencia implícita en la afirmación del líder comunista, mucho más, cuando desde la bancada socialista en el Congreso, su portavoz, Adriana Lastra, llegó a acusar al Partido Popular de promover un golpe de Estado por el mero hecho de ejercer su función opositora. Porque, si bien parece chusco que la izquierda comunista –la misma que justifica los escraches contra la libertad de expresión como «gimnasia del pueblo»– agite el espantajo de una derecha levantisca y rebelde a las leyes, no lo es tanto si esa misma va a tener que fajarse a fondo contra un programa político, económico, social y judicial como el que plantea la coalición en el poder, dañino para España. No debe caer Pablo Casado en una trampa dialéctica tan evidente como la que esconde la falsa polémica del veto parental. La batalla de fondo es otra.