España no puede apoyar a un tirano

No parece que sea una tarea complicada para un gobierno que se pretende democrático y defensor de las libertades optar entre la dictadura chavista que oprime a Venezuela o respaldar sin ambages ni rodeos a quienes representan la verdadera voluntad popular, que fue expresada en las últimas elecciones dignas de ese nombre habidas en el país hermano, que dieron una mayoría aplastante a la oposición en la Asamblea Nacional. Tal es así, que desde el triunfo opositor, en 2015, el régimen chavista ha llamado tres veces a las urnas, culminando con el gran fraude electoral de las presidenciales de 2018, en las que la propia empresa encargada del escrutinio admitió la inclusión en el recuento de, al menos, un millón de votos falsos.

A raíz del escándalo, las principales democracias occidentales, entre ellas los países que conforman la Unión Europea, decidieron negar la legitimidad del Gobierno de Caracas y reconocer al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino, o encargado, de la República de Venezuela, creándose de iure una nueva institucionalidad, tanto en el marco político venezolano como en el internacional.

Pese a que España reconoció la presidencia interina de Guaidó, el Ejecutivo socialista ha tratado de mantener abiertos los puentes con la dictadura venezolana, cubriéndose con la muleta de unos procesos de diálogo que, en la práctica, sólo han servido para que el régimen chavista ganara tiempo y consiguiera abrir una cuña entre una oposición desalentada por el acoso policiaco –una treintena de diputados de la Asamblea Nacional se encuentran en el exilio y otros han sufrido detenciones arbitrarias– y una población desesperanzada, sumida en la escasez de alimentos y medicinas, y víctima una violencia inaudita, que, en 2019, elevó la cifra de homicidios por encima de los 16.500, con más de cinco mil muertes imputadas a las distintas fuerzas de Policía por «resistencia a la autoridad».

Esta posición ambigua del Gobierno de Pedro Sánchez, acentuada desde la incorporación al Ejecutivo de Unidas Podemos, un partido con reconocidas vinculaciones en su génesis al régimen bolivariano, que sólo se traduce en un mayor sufrimiento para el pueblo de Venezuela, protagonista de un éxodo sin parangón desde la guerra de Vietnam, no puede justificarse ni en la apelación a los intereses económicos ni, mucho menos, en supuestas afinidades ideológicas, incompatibles entre quienes representan a un país de democracia plena y quienes tiranizan a su población. Con el agravante de que las reticencias con las que el actual Gobierno español trata a Juan Guaidó y a los grupos opositores, entre los que se encuentra un partido, no hay que olvidarlo, que pertenece a la Internacional Socialista, minan las posiciones de España en el concierto iberoamericano y socavan la confianza de los sectores democráticos del continente en el liderazgo político de nuestro país, como miembro de la Unión Europea.

En lugar de actuar decididamente en favor de quienes sufren la dictadura venezolana, de cargar, si se quiere, con las servidumbres que implica nuestra vinculación histórica y moral con la América que habla español, España renuncia a su papel de valedor de las libertades e interlocutor preferente entre las dos orillas del Atlántico. Que fuera Reino Unido el país elegido por el presidente legítimo de Venezuela para comenzar su difícil gira europea –que, al regreso a su país, puede costarle la detención y la cárcel– es la mejor explicación de lo que decimos. Apoyado por Rusia, Cuba e Irán, el régimen de Maduro ha conseguido reforzarse y se hace más ardua la tarea que se abre a la comunidad internacional para restaurar la democracia en Venezuela. Precisamente por ello, el Gobierno de Sánchez debería ponerse en vanguardia de las libertades.