Opinión

155 de mentirijillas

Menos mal que se trataba de una broma. Nos quedamos más tranquilos. Nadie como potenciales valores en línea con la delegada del gobierno para la violencia de genero, Victoria Rosell, para hacernos ver que no es en Cataluña donde se ha venido vulnerando la legalidad constitucional, sino en otros territorios puntas de lanza de una «ofensiva de la extrema derecha», susceptibles –estos sí– de serles aplicado el artículo 155 de la Carta Magna. Apuntaba Rosell a propósito del pin parental, –la gran excusa del Gobierno para pedalear creando polémicas artificiales y así evitar que se le pare y caiga la bicicleta– que «existe la posibilidad de que pueda aplicarse el artículo 155 de la Constitución a la región de Murcia si falla el dialogo político». Como lo leen. Celaá optaba por una mayor cautela y se quedaba en un «vamos a ir viendo» tras el envío de un requerimiento al gobierno murciano… «Vamos a ir viendo». De modo que la situación resultante dentro de la estrategia de la «coalición progresista» pasa por algo tan impensable hace tan solo unos meses como es descargar de todo atisbo de culpa y responsabilidad al separatismo catalán por sus intentos de tumbar al Estado socavando su unidad territorial –también al vasco encarnado en Bildu dicho sea de paso– y cargar sobre otras comunidades esa condición de proa de insolidaridad, desprecio a los derechos de los menores, prácticas discutibles en terreno fiscal y un largo etcétera propio de quienes se mueven en la exclusiva escala de valores reaccionarios a los que toca combatir.

La mera cita del 155 en boca de personas relacionadas con el Gobierno es por encima de todo un insulto a la inteligencia y un nauseabundo desprecio –uno más– a los valores del régimen de libertades que nos dimos hace cuatro décadas. Ahora resulta que lo políticamente correcto, lo progresista, lo honrado es no rechistar ante las amenazas de los líderes independentistas sobre su intención de no renunciar a su guerra contra el Estado, es reunirse con el inhabilitado Torra, es aceptar la apertura de embajadas ilegales en contra del criterio de los tribunales, es pervertir la independencia judicial en favor de una pretendida «desjudicialización» del problema catalán, es silbar y mirar hacia arriba cuando se trata de afrontar en Europa la inmunidad del prófugo Puigdemont o es situar a Junqueras o Rufián poco menos que como hombres de estado y, por el contrario, no se duda en ladrar el 155contra gobiernos autonómicos cuyo único delito es ser de centro-derecha. ¿Por qué no meter mano, además de a quienes interfieren en la educación de los niños como en Murcia, a quienes bajan los impuestos como en el «paraíso fiscal» de Madrid aunque sea de «broma», a quienes rebajan las listas de espera en Andalucía o mantienen el mejor ratio educativo de España como es Castilla león, aunque sea de «broma»? El objetivo ahora son los «fachas», los hombres de Estado están en Waterloo y Lledoners.