No sólo Ábalos debe comparecer

En la entrevista en exclusiva que el ministro José Luis Ábalos concedió el pasado viernes a LA RAZÓN, y con independencia de otras consideraciones, el titular de Transportes se mostraba dispuesto a comparecer ante el Parlamento, al tiempo que reivindicaba el papel protagonista de España en la resolución de la crisis política venezolana. A este respecto, no sólo es obligada su comparecencia, dada la confusión sembrada entre la opinión pública por la nocturna peripecia aeroportuaria, sino que esta debe ser ampliada al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y a la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya.

El primero, porque el propio Ábalos le ha implicado directamente en el asunto al afirmar que tenía el encargo de su compañero de Gabinete de «no dejar que Delcy Rodríguez, –la vicepresidenta del Gobierno de Nicolás Maduro– se bajara del avión» y tocara suelo español, y la segunda, porque la posición del Ejecutivo de Pedro Sánchez ante el proceso de democratización de Venezuela se caracteriza por una palmaria incoherencia que necesita ser explicada en sede parlamentaria, más allá de las declaraciones crípticas de unos y otros, comenzado por las del propio presidente del Gobierno, ayer, en las que justificaba y respaldaba a Ábalos por haber, supuestamente, evitado una crisis diplomática cuyo alcance y génesis se nos escapa.

Ciertamente, convendría que el Ejecutivo aclarara de una vez por todas cuál es la estrategia política que pretende desarrollar en relación con Venezuela y, para ello, debería empezar por garantizar a los ciudadanos que realmente hay una unidad de propósito en el Gabinete de coalición, puesto que no parece de recibo que uno de sus vicepresidentes, Pablo Iglesias, con estrechas vinculaciones de larga data con el régimen bolivariano, se niegue a reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, pese a que el Gobierno de España, como el resto de los de la Unión Europea, sí lo hizo en su momento, tras considerar un fraude las elecciones presidenciales que dieron el triunfo a Nicolás Maduro y declarar ilegítima e inaceptable su reelección.

Que el resto de nuestros socios, especialmente Reino Unido, Francia y Alemania, vengan actuando en consecuencia, otorgando el trato de jefe de Estado al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, como primer representante del único órgano con legitimidad del país hermano reconocido internacionalmente, acentúa más la incongruencia de la postura gubernamental. Así, cuando el ministro Ábalos afirma que Europa reconoce el liderazgo español en la búsqueda de una solución democrática para Venezuela, hay que preguntarse si la contemporización con la tiranía de Caracas, que viene alargándose en el tiempo, tiene otro final que no sea el refuerzo del régimen comunista de Nicolás Maduro, que no ha dudado a la hora de recurrir a la represión más brutal para acallar las voces de la disidencia.

De ahí, que la alternativa a una solución violenta de la crisis venezolana, que nadie desea, no puede ser la de dejar las cosas como están, hasta que la emigración forzada de sus ciudadanos allane el camino a Maduro, sino que se deban tomar medidas de presión diplomáticas y económicas, que trasladen a la dictadura la convicción de que sólo la renuncia del tirano y unas elecciones realmente libres pueden devolver a Venezuela al concierto internacional. Y no parece que el trato deferente a una de las principales colaboradoras de Nicolás Maduro en la represión de los derechos humanos, sea lo más eficaz para alcanzar el objetivo declarado. Esperemos, pues, que las comparecencias parlamentarias sirvan, al menos, para que el Gobierno nos aclare si está con Maduro, con la libertad o, incluso, esperando a ver si escampa, que es lo más probable.