Desjudicializar la Justicia

Resulta casi imperceptible, pero actúa inexorable. Algunos, los más cercanos al asunto, empiezan a darse cuenta del plan, cuando ya los urdidores del movimiento lo dan por culminado. El poder tiene resortes que son oscuros y eficaces. Técnicas sutiles, propias de quien se sabe dueño de los hilos que maneja. Solo el paso de los años permite descubrir la oscilación, cuando ya se ha producido. Desde hace un tiempo la actuación para desacreditar al Poder Judicial reviste estos caracteres. Es molesto al poderoso que unos cuantos hombres y mujeres, más mujeres que hombres, por cierto, subidos al estrado y revestidos de toga y puñetas, puedan romper sus planes. No es cosa de este o aquel partido político. Cada uno lo hace según mejor pueda ser vendido a sus partidarios. Hay muchos medios para conseguirlo. Modificar el funcionamiento del Consejo del Poder Judicial, confiriéndole un carácter presidencialista novedoso en la democracia española, con el notorio objetivo de controlar políticamente el órgano, organizar manifestaciones en las puertas de las Audiencias Provinciales para protestar por una sentencia, nombrar hoy Fiscal General del Estado a quien hasta ayer era Ministra de Justicia, proponer modificar el modo de acceso a la Judicatura, o de forma más burda, decir que la Justicia española fue humillada por la Justicia Europea, airear a los cuatro vientos que no es democrático que tengan tanto poder gentes que lo único que han hecho es sacar una oposición, o manifestar de forma reiterada que los jueces españoles son elementos del aparato represor del Estado que imposibilitan las aspiraciones de independencia de Cataluña.

Estas medidas, o estos exabruptos, enumeradas a modo de ejemplo, son en realidad reflejo del camino emprendido para el paulatino desapoderamiento del Poder Judicial. Se trata de hacer creer a la población que su Justicia está servida por profesionales incapacitados para su misión, y, una vez conseguido que el mensaje haya calado entre los ciudadanos, proceder a tomarla al asalto. El poder económico también colabora, sufragando gastos, y por interés propio. El capital no puede estar sometido al criterio de unos tribunales independientes. Faltaría más. Y por supuesto, intervienen los medios de comunicación, que desempeñan un papel fundamental. No se limitan a criticar las sentencias más mediáticas, desde el análisis riguroso de su contenido, función absolutamente deseable, sino que, sobre todo, trabajan para desprestigiar a la Magistratura de forma concienzuda, y premeditada. El problema no es la sentencia en sí, sino que está dictada por jueces que no merecen el respeto de la sociedad. Los jueces somos, según interese, una casta privilegiada procedente de las cavernas más escondidas en la recóndita derecha, o unos izquierdistas anclados en el bolcheviquismo. No voy a ser corporativista. A lograr el objetivo coadyuvan de forma determinante algunos magistrados que resultan obnubilados por el oropel del poder omnímodo.

Aún quedan jueces en Berlín. Esta conocida expresión es utilizada para expresar la independencia del Poder Judicial frente a los desmanes de los gobernantes y de los poderosos. Un poder esencial en un estado de Derecho que debe ser servido por ciudadanos conscientes de su trascendente misión, y que tienen que poder ejercerla sin ser molestados por intereses ajenos al bien común. Es importante trasladar a los españoles que la inmensa mayoría de sus jueces son como los de Berlín. Deben saber que cuando acudan a un tribunal a solventar cualquier problema de su vida cotidiana van a ser tratados con consideración y respeto, y que se resolverá su asunto, estimándolo o desestimándolo, conforme al criterio jurídico del Juzgador, sin otro límite que el Derecho. Y además, que ante una resolución negativa a sus intereses en la mayor parte de los casos está prevista una instancia superior.

La deriva para acabar con los fundamentos del sistema que acabo de exponer alcanza poco a poco proporciones insostenibles. La correcta actuación de las instituciones es un elemento fundamental para la convivencia. El equilibrio entre los poderes es esencial para el funcionamiento de un estado democrático. El daño que se hace a los contrapesos entre los poderes públicos es de dimensiones inconmensurables. No se refleja, normalmente, en las miles de resoluciones judiciales dictadas a diario. Es mucho más sibilino. Consiste en saber que se va a manejar la Justicia cuando interese. De desjudicializar la Justicia. De eso se trata. De romper el sistema. De evitar que magistrados independientes pongan límites a la actuación de los que de verdad mandan. En esta situación no resultamos directamente perjudicados los jueces, como tales jueces. Sí lo estamos en cuanto somos ciudadanos. La noble misión de evitar la colonización de la Justicia por intereses espurios corresponde a la sociedad entera. A los profesionales del ramo, pero no solo. También a los libre pensadores, a los creadores de opinión, a los representantes de la sociedad, a las organizaciones cívicas. En definitiva, a todos los que se convenzan de la verdadera dimensión del problema. A veces, de forma inadvertida, se cambian los fundamentos del sistema. El daño es irreparable. Y no exagero al decir que afecta a su libertad, a la suya concretamente, apreciado lector.