Extremadura se va de paro

A l Gobierno de Sánchez todo le sale mal y no hay tema en el que no acumule algún escándalo o le salga algún forúnculo de impracticable cura. Esto es lo que le ha pasado esta semana al publicarse la Encuesta de Población Activa del último trimestre. No me refiero a sus datos globales, sino a que, en Extremadura, con una destrucción de casi veinte mil empleos, han sonado todas las alarmas y su presidente, socialista por más señas, no ha podido contenerse. Su cabreo ha debido ser monumental, seguramente porque ya empieza a ver comprometida su reelección si no logra convencer a los extremeños de que, con el socialismo sanchil, su región llegará a ser jauja algún día. La cosa es difícil, porque teniendo desempleados a casi uno de cada cuatro activos y con el paro en aumento, no parece que pueda desplegarse tanto optimismo.

La cosa es que Guillermo Fernández Vara ha arremetido contra la subida del salario mínimo (SMI), por el momento, la medida estrella de la política económica de Sánchez –muy alabada, por cierto, por el flanco podemita, cuyo ministro de Consumo, que se dice economista, sostiene que cuanto más se eleve ese salario, más crecerá la demanda y, por ende, el PIB–. El presidente extremeño ha dicho que a él no se la dan con queso y que el nuevo SMI perjudica al sector agrario y expulsa al paro a una parte de sus trabajadores. Y ha concluido que «el impacto (de su subida) no es el mismo en todos los sitios». Ya se ve que, en la izquierda, saben más sobre estos asuntos los médicos que los keynesianos de pacotilla, porque, fuera de ese club, cualquiera que haya estudiado un poco de economía sabe que las rentas dependen no de las decisiones arbitrarias de los gobiernos, sino de la productividad de los que trabajan. Y el caso es que, en España, esa productividad es muy diferente en unas u otras regiones. Por ejemplo, según la Contabilidad Regional, el valor añadido por hora trabajada es mucho mayor en Madrid o el País Vasco –40,5 y 41,5 euros, respectivamente– que en Extremadura o Murcia –30,9 y 30,0 euros–. Y a nadie extrañará que en las dos primeras de esas comunidades autónomas la revisión del SMI haya afectado poco, mientras que en las dos últimas ha ocurrido lo contrario. ¿Por qué? Pues seguramente porque en la industria y los servicios es más fácil trasladar a los precios –o a los márgenes– los aumentos de coste que en la agricultura. Pero de esto, ni Sánchez ni su ministra de Trabajo se han percatado.