Sin demagogia con la inmigración

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, falló ayer por unanimidad las denominadas devoluciones en caliente producidas, en este caso, en la frontera de Melilla con Marruecos. De esta manera, se revoca la sentencia anterior del mismo organismo, alegando que la devolución inmediata de dos personas que intentaron saltar la valla iba en contra de su voluntad y no fueron identificados ni se realizó ningún trámite administrativo. Ahora, la Gran Sala reconoce que fueron los inmigrantes los que se pusieron en una «situación ilegal», recurrieron a la fuerza, a la acción coactiva de un salto en masa y prescindieron de utilizar las «vías legales existentes». Es decir, Estrasburgo ha enmendado una posición que, de hecho, permitía asaltos masivos a puntos fronterizos que, forzosamente, implican el uso de la violencia, lo que automáticamente, según la sentencia, les inhabilita para reclamar ningún derecho. Es oportuno recordar las circunstancias que ha provocado este posicionamiento del TEDH.

El 13 de agosto de 2014, un ciudadano malinense y otro marfileño fueron detenidos en el asalto masivo a la valla de Melilla y entregados de inmediato a Marruecos. El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados les dio la razón, pero sin entrar en los detalles de cómo se produjo, ni por supuesto del papel de España como frontera sur de la Unión Europea. De esta manera, España no violó la prohibición de realizar expulsiones masivas, ni siquiera de incumplir el artículo 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que permite el recurso a quien crea que sus derechos han sido violados. La decisión de Estrasburgo tendrá consecuencias inmediatas desde punto de vista jurídico y político. Por un lado, el Tribunal Constitucional esperaba este fallo de la máxima instancia europea para tipificar si este tipo de devolución es constitucional o no. También afectará a la legislación europea, pero de manera muy limitada porque son los estados los que tienen que velar por las «fronteras exteriores» de la UE –que son las nacionales– y garantizar su seguridad, siendo de su competencia la admisión o rechazo de extranjeros. La otra derivada es la que afecta a la legislación española y la posición que va a adoptar el Gobierno. En primer lugar, Pedro Sánchez prefirió mantener el recurso que había interpuesto el Ejecutivo del PP en 2017, cuyo ministro del Interior era Jorge Fernández Díaz; en segundo lugar, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, había anunciado que no tomaría una decisión sobre las devoluciones hasta que Estrasburgo resolviera, aunque comprendía que este tipo de medidas eran necesarias ante la presión ejercida en los pasos de Ceuta y Melilla. Ayer mismo, aclaró la posición del Gobierno que ya se había anticipado, evitó caer en la demagogia de sus socios, y defendió que las devoluciones inmediatas se realizaban en el marco de la normativa española y con «garantías máximas», una práctica que se realiza desde 1995 por gobiernos de distinto signo.

Otra cuestión será si Sánchez derogará la Ley de Seguridad Ciudadana, de 2015, a la que la izquierda tachó de «ley mordaza». En concreto, es en esta normativa donde se dio carácter jurídico a una práctica que no estaba regulada, aunque todos los gobiernos ponían en práctica, y PSOE y Podemos convirtieron en un arma contra el PP. Dentro de su Disposición Adicional Primera –que incluyó Fernández Díaz– se ampara los «rechazos en frontera», pero Sánchez depende ahora de Iglesias, con el que acordó liquidar dicha ley. De momento, está a la espera de un recurso de inconstitucionalidad. El fallo de Estrasburgo nos dice que la demagogia en asuntos de tanta importancia tiene un recorrido corto. Ahora toca hacer política de verdad, invertir en el control de fronteras y establecer formas rápidas y eficaces para atender a los refugiados políticos –lo que no es fácil cuando se trata con regímenes totalitarios– de la emigración económica.