Justicia y agencia tributaria (I)

Me comunica mi admirado Paco Vallejo que acaba de dar un revolcón monumental a la Agencia tributaria en los tribunales. El inspector de turno – ignoro si con bonus o sin él – ideó uno de esos atropellos que caracterizan a la AT, embestidas que suelen carecer de la menor base legal, que constituyen una burla jurídica por decir lo menos y que, en cualquier nación civilizada, colocan al funcionario en la calle. Baste decir que, por ejemplo, en Estados Unidos, los bonus de los inspectores son ilegales porque se consideran, con toda razón, un acicate a la prevaricación. Paco Vallejo, gran ajedrecista, ha visto cómo la justicia le ha dado la razón aunque me temo que se marchará de España nada dispuesto a que le saque los higadillos una AT más ansiosa por expoliar todo lo que tiene enfrente que por aplicar correctamente la ley. Lo cierto es que la Agencia Tributaria pierde más del cincuenta y uno por ciento de las causas en los tribunales y eso a pesar de todos aquellos contribuyentes – millares y millares – que levantan las manos y se dejan desvalijar porque no quieren líos o no pueden costearse un abogado. En el último medio año, quien escribe estas líneas ha obtenido más de una docena de victorias judiciales sobre la Agencia Tributaria. Se dice verdaderamente pronto. Después de ver cómo muerde el polvo un conjunto de inspecciones verdaderamente disparatadas desde una perspectiva jurídica, los sentimientos que se acumulan son numerosos, pero el más acusado es el de la vergüenza ajena. La razón por la que España cuenta con una agencia tributaria que, a decir de expertos internacionales, es «la más canalla del mundo con la excepción de la de Cristina Kirchner» se encuentra, muy posiblemente, en la existencia de un sistema imposible de costear y que, por esa misma causa, precipita a la nación a subidas constantes de impuestos, a un endeudamiento salvaje y a unas inspecciones que los tribunales han dejado de manifiesto que chapotean en la prevaricación e incluso en el delito. En el caso concreto del que ahora relata, la Agencia Tributaria se ha saltado trámites indispensables en un estado de derecho, ha llevado a cabo embargos ilegales y ha arramblado con centenares de miles de euros sin base legal alguna. No es lo peor, por añadidura, pero de otras cuestiones relevantes ya hablaré otro día.