Dolores Delgado, una fiscal que degrada la democracia

El trámite parlamentario volvió a exponer los numerosos flancos abiertos de la ex ministra de Justicia y dejó la sensación de que entre los partidos separatistas se veía su nombramiento con esperanza.

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La reforma, en 2007, del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal perseguía, en primer lugar, ampliar la autonomía de la Fiscalía como órgano de relevancia constitucional y, fundamentalmente, reforzar la imagen de independencia de la figura del fiscal general, que, aunque nombrado por el Gobierno de turno, debía pasar los filtros, si se quiere testimoniales, del Consejo General del Poder Judicial y de una comisión ad hoc en el Congreso.

Esa búsqueda de la apariencia de neutralidad en la jefatura de un organismo que, como reza el artículo 2 de su Estatuto, ejerce su misión por medio de órganos propios, conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad, ya venía marcada por los artículos 58 y 62, que establecen la incompatibilidad para el ejercicio fiscal a quienes estuvieran afiliados a partidos políticos y sindicatos o hubieran desempeñado empleos o cargos a su servicio, así como cualquier puesto público de elección popular o designación del Estado. Por supuesto, nada impide a un fiscal solicitar la excedencia oficial y entrar en política, pero no es lo que estaba en el ánimo del legislador.

Sirvan estas consideraciones para enmarcar la, a nuestro juicio, inconveniente designación gubernamental de la ex ministra y ex diputada socialista Dolores Delgado como fiscal general del Estado, cuya intervención justificativa de sus virtudes profesionales ante la comisión del Congreso no hizo más que confirmar los temores de quienes ven en su figura un retroceso en la deseable independencia del Ministerio público. Especialmente preocupantes, su referencia a una Fiscalía «permeable a las necesidades de la sociedad» –que nos traen ecos del nefasto «derecho penal de autor» que impulsó la izquierda italiana, y que choca con la aplicación del citado principio de legalidad–, y su afirmación de que es preciso democratizar el sistema de acceso a la carrera Judicial y Fiscal, de, cuando menos, confusa interpretación. Por lo demás, el trámite parlamentario no sólo volvió a exponer los numerosos flancos abiertos de la ex ministra de Justicia, que los representantes de la oposición supieron explotar, sino que dejo la indefinible sensación de que entre los partidos que más han tenido que temer del rigor del Ministerio Público español, veían en su nombramiento que se podían cambiar las cosas a su favor.

Así, la figura de Dolores Delgado hace un flaco servicio a la percepción de la independencia judicial en una buena parte de la sociedad, como han puesto de manifiesto las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales; llevó a una insólita división al Consejo General del Poder Judicial y plantea muchas preocupaciones para un inmediato futuro, en el que se pretende, nada menos, que reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que sea la Fiscalía quien instruya los procedimientos judiciales, limitando la función del juez a la supervisión de las garantías procedimentales de las actuaciones. Un cambio de tal magnitud en el proceso penal, cuya idoneidad no es objeto de estas reflexiones, debería llevarse a cabo bajo una fiscal general del Estado que, al menos, mantuviera una mínima apariencia imparcialidad y respondiera a la imagen de profesionalidad e independencia que se espera de los altos servidores públicos. Pero la fiscal Delgado, ayer, en el Congreso, volvió a recordarnos a esa ministra de Justicia y diputada socialista que despachaba con soberbia displicencia las críticas de la oposición y que nunca consintió en aclarar si las relaciones personales que mantuvo con el ex comisario José Manuel Villarejo, actualmente en prisión y acusado de graves delitos de extorsión, pueden condicionar en el futuro el desempeño de sus funciones.