A varear la oliva no va el Gobierno

Hace medio siglo, José Antonio Labordeta pronosticó el final de la agricultura española: «A varear la oliva/No van los amos,/A varear la oliva/Van los ancianos». Sus lúgubres augurios no se cumplieron. Hasta hoy.

En la democrática política moderna, los grupos de presión organizados pueden obtener un mejor trato que los no organizados. Todo colectivo que sepa establecerse y presionar, será más escuchado que quienes no pueden hacerlo, como sucede típicamente con los contribuyentes y los consumidores.

Sin embargo, las cosas no son siempre sencillas, porque los intereses divergen, y a veces el problema no tiene solución, o no lo tiene sin un coste político apreciable. Esto es algo que los gobernantes valoran, en particular en las protestas que no han promocionado.

En el caso de los agricultores, no es casual que Warren Sánchez, contra quien van las gentes del campo, haya pretendido ponerse a la cabeza de la manifestación (https://bit.ly/2VksetF). Y tampoco es casual que los jerarcas de la casta de Podemos también pretendan animar las protestas. Todos los políticos quieren quedar bien, y lo hemos visto estas últimas horas con el ministro Luis Planas, que se paseó con aires de que se va a ocupar de todo. En realidad, de lo único de lo que debe ocuparse es de que el Gobierno no quede políticamente dañado con todo esto. Los agricultores sospechan, porque, como escribió Javier de Antonio en LA RAZÓN: «El Gobierno no atiende las principales demandas del campo». Recordemos que, si se trata de intervenir más, y de eso se trata, las autoridades no pueden atender esas demandas sin dañar a otros grupos, y por eso deben procurar fingir lo uno y ocultar lo otro.

En efecto, el Gobierno no puede garantizar la rentabilidad a todo el mundo; no puede lograr que los empresarios quiebren voluntariamente; no puede impedir que los impuestos suban si gasta más, y obtiene menos fondos de la PAC; no puede obligar masivamente a los consumidores a que compren más caros sus alimentos sin cerrar del todo las fronteras; y no puede perseguir a las multinacionales americanas y al mismo tiempo impedir que Trump ponga aranceles a nuestras aceitunas. En cambio, sí puede perseguir a las empresas de distribución, claros chivos expiatorios. Sí puede subir el salario mínimo, negar que cause daño, y después reconocer que lo causa, por ejemplo, con medidas de apoyo a la contratación en el sector agrícola. Y sí puede enredar a los agricultores simulando ayudarlos. Lo que debería hacer es lo que nunca hará: bajar impuestos y cotizaciones; facilitar la incorporación de tecnología que permita compensar los mayores costes laborales; y promover la fusión de las cooperativas;

A varear la oliva no va el Gobierno, ni irá nunca. Confiemos, eso sí, en que no consiga acabar con el campo a base de sus habitualmente infernales buenas intenciones.