La libertad, amenazada

La libertad de expresión, base del sistema democrático, puede convertirse en España en la primera víctima, después de los muertos, de la crisis sanitaria, una vez impedida la libertad de movimientos, de reunión y de manifestación. Las amenazas se suceden y aumenta la preocupación en los medios de comunicación, a pesar de las declaraciones del Gobierno negando cualquier intento anticonstitucional de censura. La alarma alcanzó un volumen de estruendo con la declaración, el domingo, del general Santiago, jefe de la Guardia Civil, confesando que el benemérito instituto tenía la misión –se supone que por encargo– de «minimizar el clima contrario a la gestión de la crisis por parte del Gobierno». Es un «lapsus» de tal gravedad que, por más desmentidos que se hagan, se convierte en incorregible. Además llueve sobre mojado.

Eso que ha dicho el general Santiago es la consigna del PSOE a sus militantes. En una carta firmada por José Luis Ábalos, secretario de Organización, y Adriana Lastra, vicesecretaria general y portavoz parlamentaria, se les incita a denunciar a los que critican al Gobierno. Se les pide que no cejen en la tarea contra los que «se valen de la mentira, la manipulación y la insidia para justificar la voladura de la unidad». El peligro está en que las actuaciones del Gobierno se confundan e identifiquen con las combativas actuaciones del partido. No sería la primera vez. La presión directa o solapada –incluso con algún amenazante burofax– sobre los medios de comunicación independientes indica la falta de escrúpulos y el grado de preocupación de La Moncloa para que el Gobierno de Pedro Sánchez no salga achicharrado de la crisis mortal del coronavirus. En eso se trabaja con gran dedicación. Vale todo. Habría que conocer si hay instituciones públicas, como el CNI y la Guardia Civil, involucradas en la tarea, al servicio de la imagen de este Gobierno, cortocircuitando, si es preciso, la libertad de expresión.

A todo esto se añade la estrambótica pregunta –se supone que por encargo– de la última investigación del CIS de Tazanos sobre posibles límites a la libertad de expresión en las presentes circunstancias. Una averiguación inquietante. Sobre todo porque ha servido de recordatorio de una antigua declaración poco tranquilizadora de Pablo Iglesias, actual vicepresidente del Gobierno, a una televisión venezolana. Según él, es «antidemocrático que los grandes medios sean de propiedad privada de millonarios». No es extraño que cunda la preocupación. Como dijo Benjamín Franklin, «aquellos que renuncian a libertades esenciales para conseguir un poco de seguridad no merecen ni la libertad ni la seguridad». Y mucho menos merecen el poder.