No se trata de «relajación», sino de rigor

Cuando el pasado 28 de abril, el Ministerio de Sanidad presentó el Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad quedó claro que la desescalada se basaba en la aplicación de cuatro fases. Su aplicación la decidiría una comisión de expertos –de la que todavía se desconoce su composición– en función del cumplimiento de unos parámetros y de la evolución de la vuelta a la actividad económica y social. Hasta ahora, sabíamos que pasar a la Fase 1 obligaba a disponer de las medidas sanitarias, paliativas y de control adecuadas, como es lógico. Obviamente, estos factores deben cumplirse, pero deben ser claros. La Comunidad de Madrid ha defendido que estaba preparada para aplicar el primer nivel, que entró en vigor el pasado día 11, pero incomprensiblemente no fue aceptado por el Gobierno aún cumpliendo con todo lo estipulado.

Ahora, el ministro Salvador Illa propone una fórmula más relajada de la Fase 0, a la que denomina 0,5, pero sin especificar con claridad qué actividades se pueden desarrollar y cuáles no. Esta indecisión puede resultar nociva y organizativamente corre el riesgo de perjudicar al comercio si no se regula de manera precisa. Si pueden abrir aquellos que no sobrepasen los 400 metros cuadrados mientras se mantenga las distancias reglamentarias, ¿quiere decir que, excepto los centros comerciales y grandes superficies, el resto pueden a partir del próximo lunes retomar la actividad? ¿Y podrán hacerlo todos los empleados? Sanidad no ha expuesto todavía unos motivos claros y convincentes de por qué Madrid no sólo dé el paso hacia el primer escalón sino que, además, éste se pueda retrasar hasta el 25 de mayo. En el informe que la Consejería de Sanidad del Comunidad ha presentado al Gobierno para empezar la puesta en marcha de la Fase 1 se cumplen todos los requisitos sanitarios exigidos, que son los fundamentales, porque si algo se ha aprendido en estos tres meses de pandemia es cómo responder a un brote, en tratamiento, protocolo médico y control de su avance. Así ha sucedido en Wuhan y en Corea del Sur. La propuesta que hace Isabel Díaz Ayuso parte de que la Sanidad madrileña está preparada para el inicio de una mínima actividad comercial y social. Por un lado, desde el pico del 31 de marzo ha caída un 86% el número de pacientes, el 73% de los ingresos en UCI y en urgencias la cifra de ingresos ha pasado de 2.694 a 164, lo que supone un 93,8% menos. En el número de camas exigidas, la Comunidad sobrepasa lo exigido en el ratio por 10.000 habitantes, lo que supone disponer de 24.700 y ahora tiene 25.000. Igualmente en las camas de UCI, que sobrepasa las 1.340 necesarias. En cuanto al apartado de mejora que le pidió Sanidad al Gobierno regional se ha dado un salto muy importante en las pruebas PCR, realizándose diariamente 11.000 y capacidad par llegar a las 15.000. Otra cosa es el grado de efectividad que tiene en el control de la pandemia en estos momentos de su desarrollo. El hecho de que esta prueba se realice a través de la asistencia primaria se haga a cualquier persona que diga tener algún tipo de síntoma ha saturado el trabajo de los laboratorios, además de que sólo alrededor del 5% da positivo: el agotamiento del personal es evidente y la falta de material tiene un límite y será complicado mantener este ritmo si no se adecua a las necesidades que exige una mayor eficacia. En la desescalada no hay que ser temerarios y cada paso debe darse apoyado sobre criterios científicos muy claros y acreditada capacidad de respuesta.

No es la opinión de unos expertos, sino el análisis de datos concretos. El Gobierno prevé que el 22 de junio España entrará en la «nueva normalidad», una fecha que ahora parece un quimera si no se actúa con más rigor y menos prejuicios políticos contra administraciones que no son afines.