Deterioro institucional sin justificación

En los interiores de La Moncloa se ha producido estos días un curioso fenómeno de índole psicológico, consecuencia de tener «atado» el voto del PNV y la abstención de ERC a la quinta –y a priori últimax– extensión del estado de alarma para «alrededor de un mes». «El presidente podrá proyectar en el Congreso de los Diputados la imagen de que cuenta con sus socios de Legislatura», repiten sus asesores. Este es el espíritu optimista que respira el entorno de Pedro Sánchez a veinticuatro horas de encarar el aval de la prórroga. Por primera vez han negociado el contenido del decreto antes, y no después, de anunciarlo Sánchez en su habitual Aló Presidente televisivo.

Eso sí, Sánchez, para ganarse su apoyo, ha tenido que ceder de nuevo ante los nacionalistas vascos y los independentistas catalanes. Tanto que ha debido diluir el mando único, disfrazándolo de «cogobernanza», en una fase de «desescalada institucional». Ya se sabe, el presidente, con tal de permanecer en el poder, es capaz de leer cualquier guion que le pongan en el «prompter». Sobre todo si, además, el equipo que prepara su «relato» le garantiza que va a servirle para arrinconar al PP junto a Vox. Cuánto añora el socialismo la foto de Colón.

Hay que ser muy ingenuo, a estas alturas del sanchismo, para llamarse a engaño. El presidente del Gobierno usa sus enormes poderes para beneficiar a sus aliados y perjudicar a sus adversarios. Basta ver el trato dado a Madrid. Politiqueando con la salud. Se pretende asfixiar a la Comunidad de Madrid con una campaña muy personal contra Isabel Díaz Ayuso.

El vacuo ministro de Sanidad, Salvador Illa, está más ocupado de sepultar a la presidenta madrileña en las encuestas electorales que por garantizar test y material de protección a los sanitarios. Se está imprimiendo al país un deterioro institucional injustificable. Hace falta tener pocos escrúpulos para utilizar una crisis de la envergadura del coronavirus por ganar unos meses más en La Moncloa.

El Gobierno no puede seguir castigando a unas regiones mientras se inclina ante otras. Primero, porque es inaceptable desde el punto de vista político. Atenta contra los principios en los que se fundamenta el Estado de las Autonomías. Segundo, porque rompe la igualdad de los españoles vivan donde vivan. Es muy injusto condenar a unos ciudadanos por motivos de fobias ideológicas, como denuncia Díaz Ayuso, cargada de razones. Y tercero, porque abona una «asimetría» que retuerce la ley y la salud para supeditar el Estado de alarma a los intereses político-parlamentarios de Sánchez. Se está minando el diseño constitucional.

Restringir la libertad

Qué decir del despliegue injustificado de actitudes autoritarias que restringen las libertades de circulación, reunión y manifestación. Da miedo. España no es una dictadura, pero algunos políticos sí son dictadores. Se ha implantado un auténtico Estado de excepción. Se ha hecho de tapadillo, muy probablemente ante el temor del presidente de verse asediado por una marea de caceroladas. La protesta surgida en la madrileña calle Núñez de Balboa se antoja el embrión de un movimiento imparable, a lo largo y ancho del país, para pedir que Sánchez dimita.

A los Echenique de turno, pese a sus demagógicas referencias a «escudos sociales», les ciega tanto el sectarismo que caricaturizan los dramas familiares del confinamiento. Ya se sabe, cierta izquierda militante y mediática hace cualquier cosa para negar la vida al centro-derecha. Incluso descalificar e insultar a españoles que protestan legítimamente: «Cayetanos», «pijos», «fachas»… Cualquier cantinela para no ver que cada día hay más gente de todo tipo harta.