El espejo de Castilla

Castilla, ayer dominadora, abrasada de poetas, tierra con alma, que hace hombres y los gasta, comunera, acostumbrada a hacer España y a deshacerla, etcétera, está demostrando en esta crisis que aún es capaz de señalar el camino al resto de comunidades y a los políticos de Madrid. Ante lo que está pasando y lo que viene, esta vieja comunidad histórica, uncida a León, donde nació la democracia parlamentaria, sus representantes han dejado de lado las diferencias y han unido fuerzas para tirar todos del carro y salir adelante. Populares, socialistas y ciudadanos han renunciado a los reproches –ya habrá tiempo de echar cuentas– y han preferido el pacto. Desde siempre, en Castilla no había que firmar los papeles del contrato; bastaba con un apretón de manos, gesto ahora prohibido por las autoridades sanitarias.

El caso es que el presidente de la Junta y líder popular, Alfonso Fernández Mañueco, y el socialista, Luis Tudanca, con la bendición de Francisco Igea, de Ciudadanos, han firmado un acuerdo, abierto a todos los demás, para la reconstrucción del tejido económico después de los destrozos del coronavirus. Los concejos municipales están dispuestos a unirse a la tarea. A los empresarios y a los sindicatos no les parece mal, sino todo lo contrario. Esto, tratándose de una comunidad envejecida, cabreada, que está sufriendo más que ninguna otra, o tanto como la que más, el abandono, la despoblación y los efectos demoledores de la epidemia, tiene mérito. Cualquiera que no conociera el fondo moral de esta tierra podría esperar que sus gentes, indignadas después de enterrar a sus muertos, –¡ay mi pobre Soria!–salieran con las horcas a la calle exigiendo justicia.

Ya se sabe que en Castilla, tierra de señores, nadie es más que nadie. Y esto se aplica también a los políticos. Lo que está matando a la política nacional es el sectarismo, las exclusiones, esa estupidez de la superioridad moral. En esto la izquierda se lleva la palma. Y no aprende. Aparte de la necesidad de unir fuerzas para superar la crisis –tanto sanitaria como económica y social– el pacto de socialistas y populares en España sería la única forma de que el actual Gobierno pudiera diluir algo sus responsabilidades y librarse de la quema, no sólo política –harto difícil según la tendencia de las encuestas–, sino también penal: basta ver al respecto la zozobra del vicepresidente Iglesias cuando Matías Prats le preguntó en Antena 3 por las residencias de ancianos. Unos y otros, por la cuenta que les tiene, deberían mirarse en el espejo de Castilla.