El drama de millones de españoles

Rueda de prensa tras el Consejo de ministros
FOTO: José María Cuadrado Jiménez EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer en su tradicional alocución semanal, que el Consejo de Ministros del próximo martes aprobará el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Era una medida esperada de la que el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, quería apropiarse y presentar como una conquista exclusiva de Podemos. Uno y otro dicen que estaba en la raíz de aquel pacto, pero ni uno ni otro tenía en sus planes su aplicación. La crisis de Gobierno provocada por la negociación con Bildu de la derogación íntegra de la reforma laboral para conseguir su abstención en la prolongación del estado de alarma, provocó que ayer fuese Sánchez quien anunciase la puesta en marcha del IMV. Se trata de una prestación de la Seguridad Social cuyo coste anual se calcula en unos 3.000 millones de euros, aunque su cuantía dependerá de los miembros que componen cada hogar. De esta medida se beneficiarán cerca de 850.000 familias, de las que la mitad tienen niños a su cargo.

La oportunidad para presentar esta medida era obligada, en un momento en el que el Gobierno está roto como efecto incubado por el pacto entre PSOE y Unidas Podemos con el apoyo de los independentistas de ERC, cuyo principal dirigente cumple pena por sedición –no lo olvidemos– y el brazo político del terrorismo etarra –tampoco lo olvidemos– y la necesidad de Iglesias de forzar su protagonismo hasta que Sánchez reconozca que su supervivencia política depende de él exclusivamente. Para escenificar la nueva normalidad política, el presidente del Ejecutivo anunció la aprobación de este salario social bajo el principio de que «nadie se quede atrás». Como lema de marketing político puede funcionar, pero más necesario sería ser eficaces en la gestión de los recursos que ya se han puesto en marcha. El más necesario era el pago de los ERTE, principal apuntalamiento de la demoledora crisis que ha afectado a más de medio millón de empresas medianas y pequeñas y que se han visto obligadas a cerrar por la imposibilidad de mantener la producción o un mínimo servicio. En total, se han acogido a estos expedientes de regulación temporal de empleo más de cuatro millones de trabajadores desde el pasado mes de marzo, sin contar los 947.896 afiliados que han perdido la Seguridad Social, en su mayoría empleos temporales, desde que comenzó la crisis del coronavirus. Sin embargo, unos 300.000 trabajadores todavía no han cobrado dicho subsidio, en su mayoría porque no se han tramitado por cuestiones formales, aunque hay otras fuentes, como los gestores administrativos, que triplican la cifra hasta los 900.000. Es una situación dramática si, además, se tiene en cuenta que desde marzo la mayoría no percibe ningún salario. En esta situación, abunda negativamente el hecho de que todavía hoy no se sabe si a principios de junio cobrarán un solo mes –el 70% de su salario habitual– o los tres debidos. En cuatro meses, el Sepe (Servicio Público de Empleo Estatal) ha gastado más de 7.198 millones de euros de los 17.410 millones que tenía previsto destinar a desempleo en todo el año. Aunque hay que tener en cuenta que de los utilizados hasta ahora, unos 6.800 millones corresponden a las prestaciones ordinarias a parados antes de que se declarase la pandemia.

Aunque la situación es dramática para millones de trabajadores, la crisis abierta en el Gobierno entre Sánchez e Iglesias y la desconfianza provocada en los agentes sociales –principalmente, en empresarios– ha llevado a que la Comisión de Reconstrucción a un punto muerto. Todo indica que el Ejecutivo –o el núcleo duro instalado en La Moncloa– no es consciente del desastre económico causado por el coronavirus y un confinamiento extremo que ha llevado a la parálisis del país como única solución para remediar la falta de previsión del equipo de Sánchez. Hay un verdadero drama que el Gobierno debería tomarse en serio y no, como es habitual, con un nuevo ataque a la derecha. El que gobierno es, siempre, el mayor responsable.