La inacción que compromete el futuro

El pasado 22 de enero a las cinco de la tarde, los más listos de la fábrica de la Zona Franca comenzaron a buscar trabajo fuera de la empresa. Habían leído el mensaje de Pedro Sánchez que decía textualmente en su cuenta: «El mantenimiento del empleo en la planta de Nissan de Barcelona está garantizado». Dada la credibilidad que despierta el Presidente del Gobierno muchos consideraron que estas líneas eran ya la puntilla para la factoría catalana que tenía hasta entonces una larga historia. De allí salieron los tractores y camiones Ebro que recordarán los más viejos del lugar. Cuatro meses más tarde del mensaje de Sánchez, el cierre de la factoría ya es un hecho. Por cierto, como el tuit lo puso desde la cumbre de Davos, el fiasco adquiere dimensión internacional.

De nada han servido las presiones de última hora del Secretario General de Industria, Raúl Blanco, amenazando a Nissan con un coste de mil millones si cerraba las instalaciones. Ni siquiera han merecido una respuesta por parte de la empresa. Tampoco han pesado las torpes palabras de Janet Sanz, la teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, número tres de Ada Colau, que hace unas semanas afirmaba que «ahora o nunca» había que evitar que se reactivara en esta ciudad el sector del motor. Y también han quedado ya muy atrás las declaraciones de la vicepresidente del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera cuando afirmó que los motores diésel estaban muertos. Justo las motorizaciones que utilizan la mayoría de los modelos que producía Nissan en España. Lo que es verdaderamente preocupante para el sector del motor en nuestro país es la inacción del Gobierno y la falta de respuesta a los innumerables planes de relanzamiento de esta industria que, recordamos, es la primera de la economía española, supone más del 10% del PIB, el 9% del empleo y, al exportar el 83% de su producción, la principal fuerza para lograr un equilibrio en la balanza de pagos. Esta falta de estrategia y de apoyo al sector de la automoción supone la puesta en riesgo de muchos puestos de trabajo, como de hecho ya acaba de suceder en Nissan.

Hay que recordar que en España existen actualmente 17 plantas de producción, todas ellas de grupos multinacionales. Es decir, las estrategias de futuro, las inversiones y la decisión de fabricar nuevos modelos se toman en el extranjero. Y mientras el Gobierno sigue sin respuestas, otros países de nuestro entorno ya se han puesto en marcha. Alemania ultima un bloque de ayudas de 2.500 millones y Francia ya ha destinado 8.000 millones al sector de la automoción. Ayudas que van de alguna manera relacionadas con el compromiso de localizar nuevos proyectos industriales en las plantas de su país para evitar pérdida de puestos de trabajo. Por ello, los modelos que dejen de fabricarse en Barcelona pasarán a producirse en el país vecino. Esto no quiere decir que corran peligro inminente las fábricas de Renault y del Grupo PSA en España. Valladolid, Palencia, Sevilla, Vigo, Zaragoza y Madrid son instalaciones modélicas con su carga de trabajo garantizada a medio plazo. Pero no debemos olvidar, por otra parte, que el Estado francés es accionista en un 15% de Renault y en un 6% en la fusión de los grupos PSA y FCA que se está ultimando estas semanas. O el Gobierno de Sánchez reacciona inmediatamente o el drama de Nissan puede repetirse en algún otro punto de España.