Los ojos del juez

«Un sentimiento personal del juez». Así entendía la independencia judicial un ministro de Justicia. No niego esa vertiente tan subjetiva; tampoco polemizaré sobre si es o no un sentimiento, pero desconfío porque los sentimientos pueden ser cambiantes y ser independiente para ejercer un Poder del Estado no puede depender de cuál sea el sentimiento del juez, máxime si por ahí se cuelan filias, fobias, ideologías, etc.

Aun así no niego que ese aspecto personalísimo sea relevante: el juez debe sentirse y saberse independiente; quererlo, luego serlo. ¿Y qué significa ser independiente?, pues, muy en resumen, que su decisión responda a lo pertinente en Derecho, con toda la amplitud y complejidad de tal afirmación. Independencia será que entre el conflicto y su resolución no intervenga nada que no sea lo jurídicamente previsible, objetivable y controlable.

Reducir la independencia judicial a ese «sentimiento personal» no basta. Cierto que al estimar o desestimar, absolver o condenar, el juez ejerce un poder formidable y que esa decisión nacida del estudio y de la íntima convicción de su pertinencia jurídica le da fuerza pero, insisto, no basta. Y no basta porque debe ir complementado y sustentado por un conjunto de medios que le permitan resolver los conflictos desde la independencia.

Si la esencia del Poder Judicial es la independencia, no parece razonable que todo lo que hace posible que un juez actúe dependa de los medios que de y gestione el Ejecutivo. Porque del Ejecutivo tanto central y como de los autonómicos depende todo ese entramado de medios que emplea un juez: los diversos cuerpos funcionariales, los Institutos de Medicina legal, los sistemas informáticos, los edificios, la elaboración de los presupuestos, la creación y dotación de plazas. Y la policía judicial.

Lo vivido estos días muestra dónde puede quedar ese «sentimiento personal del juez». Si para investigar delitos un juez debe servirse de una policía judicial que dirige, pero que depende orgánicamente del gobierno, puede pasar que se filtre la investigación para desbaratarla política y mediáticamente o que los agentes puedan verse inquietados. Son sus ojos y puede que haya quien quiera que el juez quede ciego o miope o que esos policías den cuenta a sus mandos políticos.

Esta realidad me ha llevado siempre a sostener planteamientos quizás maximalistas pero no muy descarriados. En un Estado basado en la separación de poderes si la esencia del Judicial es la independencia, sostengo que todos los medios e instrumentos que emplea deberían gestionarlos ese mismo Poder, más en concreto sus órganos de gobierno. Eso es al fin y al cabo lo que hacen tanto los gobiernos central o autonómicos –¡hasta los ayuntamientos!– que disponen, gestionan, ordenan y dirigen los medios materiales, humanos y presupuestarios que tienen para cumplir sus fines.

Pero el Judicial no. Reducida la independencia al sentimiento personal juez, éste queda sumido en un entramado administrativizado que le homologa al estatus de un médico del Servicio Nacional de Salud que desde su pericia profesional diagnostica esto o aquello, o a un bombero que desde su pericia acomete un sinestro o una emergencia de tal o cual forma. Mutada la Justicia de Poder a servicio público, el juez queda en «funcionario decisor de conflictos ciudadanos» y su independencia constitucionalizada en pericia profesional.

Admito que ese modelo de máximos pueda ser excesivo, pero ¿cuál es la alternativa? Lo sería un cambio de mentalidad, de cultura política, que llevase al Ejecutivo a dotar de medios óptimos a la Justicia, que no se los regatease y no emplease su condición de gestor para hacer del Judicial un Poder dependiente de su generosidad. O esa concepción en el funcionamiento del Estado, o una Justicia que administre sus propios medios.

Si a la condición mendicante de la Justicia se añade un modo de hacer política sin escrúpulos, no se inquietará al juez pero se influye sobre el devenir procesal de los asuntos que interesan: se aparta a los abogados del Estado incómodos o a funcionarios molestos que incordian con sus informes o se advierte a los policías que trabajan para el juez. E imagínense qué pasaría si se suprimiese la acción popular y se atribuyese la investigación penal a fiscales gubernamentales, auxiliados por una policía, ahora sí, de su confianza.