Un acuerdo sin crédito ni recorrido

La mera posibilidad de que el PSOE vuelva a las posiciones de centro izquierda que caracterizaron a los gobiernos de Felipe González sería, sin duda, una noticia esperanzadora para la mayoría de los españoles, que ven con inquietud como la actual coalición de los socialistas con Unidas Podemos pone en riesgo los consensos más básicos de la Transición, amén de ser un foco permanente de bronca política y de inestabilidad. De ahí, que nada tengamos que oponer a la recuperada relación institucional del Ejecutivo con el partido que lidera Inés Arrimadas, siempre, claro está, que esa formación mantenga los compromisos adquiridos con sus electores y no se convierta en un simple comodín para que Pedro Sánchez, como ha ocurrido hasta ahora, vaya sorteando mal que bien sus dificultades parlamentarias.

No se trata de un reproche sin argumentos, puesto que los apoyos que el partido naranja ha proporcionado al presidente Sánchez para que éste pudiera seguir prorrogando el estado de alarma, es decir, se mantuvieran limitados los derechos fundamentales de la población, se compadecen mal con la satisfacción que, al parecer, produce a su portavoz parlamentario, Edmundo Bal, haber obtenido del Gobierno socialista la promesa de que habrá un «plan B» que no implique nueva imposición de medidas de excepción en el caso de un rebrote de la epidemia de coronavirus. Precisamente, esa demanda de un plan alternativo para luchar contra la pandemia era lo que exigía el Partido Popular para mantener su respaldo al Ejecutivo en el Congreso, pretensión que fue rechazada bajo la amenaza latente de que o se aprobaban las prórrogas o la sociedad se enfrentaba al caos. Con este inciso, que demuestra que el líder popular no iba tan desencaminado, queremos insistir en la premisa del principio.

Si Ciudadanos consigue romper el maniqueísmo del actual relato sanchista –que rechaza como desleal y antipatriótico, diríase que poco menos que fascista, cualquier discurso que no suscriba al cien por cien sus políticas–, sea bienvenido el acercamiento. Pero, como es evidente, la cuestión presenta otras aristas que escapan a la voluntad de los protagonistas y que tiene que ver con la aritmética parlamentaria sobre la que se sostiene el Gobierno. Porque, en efecto, los diez escaños de Inés Arrimadas pueden eliminar la dependencia que tiene Pedro Sánchez de los votos separatistas de ERC, pero son insuficientes para enjugar asimismo los del PNV y los de otras formaciones nacionalistas minoritarias. Por no hablar, por supuesto, del socio gubernamental, Unidas Podemos, cuyos planteamientos ideológicos, tanto los económicos como los territoriales, están, suponemos, en las antípodas de Ciudadanos. En este sentido, no es de extrañar que, pese a la situación de emergencia presupuestaria que atraviesa España, con la deuda pública por encima de 1,2 billones de euros, nada se haya hablado en el encuentro de ayer sobre los próximos Presupuestos Generales. Que se nos remita a 2021 para una hipotética adecuación de las cuentas públicas deja entrever la entidad del problema al que se enfrenta el Gobierno de coalición. En cualquier caso, y mientras los acuerdos a los que puedan llegar Ciudadanos y el PSOE no interfieran demasiado en el proyecto del «escudo social» de Pablo Iglesias, que no es más que la búsqueda de una mayor estatalización de la sociedad española mediante el socorrido expediente de exprimir impositivamente a las empresas y a las clases medias, los socios de la extrema izquierda no pondrán la menor pega. En caso contrario, entraremos en un escenario de crisis, por más que las encuestas aconsejen al partido de Iglesias no tirar demasiado de la cuerda. Así, Ciudadanos puede romper la dinámica actual o, más probablemente, servir de mera comparsa de Sánchez.