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El problema no es la Monarquía

FOTO: JOSÉ JIMÉNEZ EFE

Se olvida muy intencionadamente que una Monarquía parlamentaria es un sistema político representativo en el que el Rey ejerce la función de jefe de Estado bajo control de los poderes Legislativo y Ejecutivo. En esencia, es un régimen en el que la soberanía nacional recae en la ciudadanía, que defiende las libertades públicas y civiles y que entronca con la tradición política de las grandes democracias europeas. Su destino, como enseña la historia, está unido a la defensa inequívoca de la Constitución, de la que emana su poder arbitral. Querer deslegitimar a la Monarquía como un régimen poco menos que vestigio de la dictadura demuestra un desconocimiento de nuestra historia, del papel jugado por la institución en la Transición y la restauración democrática y, lo que es peor, una manipulación con objetivo de socavar su prestigio y provocar el ahora anunciado nuevo proceso constituyente, hoy encabezado bajo el lema «régimen del 78». A los seis años de que Felipe VI fuese proclamado Rey en las Cortes Generales, el 19 de junio de 2014, no hay duda de que su mandato es una garantía de estabilidad en un momento especialmente convulso en el que se le ha situado en el centro de los ataques. Mientras su papel es la representación de la unidad del Estado frente a los otros órganos independientes, ahora la izquierda populista que ha impuesto su «marco mental» en el Gobierno quiere aislar la figura del Rey, rebajar su función simbólica, degradarla y utilizarla como referente del pacto constitucional, que sin duda lo es.

Pero aún en estas circunstancias, su mandato está siendo ejemplar bajo el precepto fundamental de ser el Rey de todos. Por un lado, España se ha debido enfrentar al mayor ataque a nuestro sistema de convivencia representado por la Constitución, encabezado por el nacionalismo catalán, que creyó quebrar nuestro orden legal e imponer de facto la independencia, lo que hubiera comportado la caída de la Monarquía parlamentaria. El discurso que, el 3 de octubre de 2017, pronunció en defensa de la Constitución y del Estado Derecho cuando la Generalitat encabezó un golpe a nuestra legalidad, insistió en algo que hoy se subvalora, incluso se deprecia, y es que «desde hace décadas vivimos en un estado democrático que ofrece las vías constitucionales para que cualquier persona pueda defender sus ideas», como si fuera una continuidad del franquismo. Esa es la narrativa populista que se abre paso. Así lo hemos oído decir en sede parlamentaria, pero no por los grupos que dirigieron el proceso sedicioso o por otros que apoyaron la violencia contra nuestra democracia. No, lo dicen reiteradamente miembros del actual Gobierno, como su vicepresidente segundo, portavoces autorizados y altos dirigentes de Podemos, el socio que sostiene al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Críticas muchas veces tan grotescas como que el jefe del Estado vista para los actos castrense con uniforme de capitán general, o lo que cuesta a los presupuestos generales la Casa Real –por cierto, la más económica entre las repúblicas y monarquías europeas–, sólo es munición muy barata –pólvora del rey, pues pueden decirlo en uso de la libertad que protege la Carta Magna– para orquestar una ceremonia de la confusión con un solo objetivo que ya marcaron los partidos independentistas en Cataluña: situar en el objetivo a quien representa la estabilidad y el orden constitucional.

Tal y como publicamos en una encuesta de NC Report hoy en nuestras páginas, la Monarquía sigue siendo una institución central que da estabilidad al sistema en un momento en el que los otros poderes del Estado sí están seriamente dañados. Los problemas que tiene España no son causa de su forma de Gobierno, sino de los representantes del Poder Legislativo y Ejecutivo, empezando por el presidente Pedro Sánchez. Hay que tenerlo muy en cuenta para renovar más pronto que tarde un pacto en torno a la Constitución.