Niego que nos maten por ser mujeres

Titulo así esta columna, aquí y ahora, porque quizás dentro de poco no pueda. O sí pueda, pero ateniéndome a las consecuencias. Porque está a punto de ser legitimado, con la connivencia de una oposición timorata y pusilánime, que disentir o matizar en determinados asuntos se sitúe fuera de lo aceptado institucionalmente, en lo marginal. Estamos demasiado cerca de aceptar que se puedan adoptar actitudes totalitaristas desde los órganos representativos de la soberanía nacional que implican una merma en algunos de nuestros derechos fundamentales.

Esta semana se ha aprobado en el Congreso, con 291 votos a favor y 54 en contra -sin abstenciones-, una proposición no de ley para combatir discursos machistas y negacionistas de la violencia de género. El texto, entre otras perlas, nos dice que “[el negacionismo de la violencia de género] rompe un consenso social y político existente en el que se han sostenido los grandes avances que hemos desarrollado en los últimos años en la lucha contra la violencia machista”. Consenso social y político. Ojito. E insta por ello al Gobierno de España a “combatir discursos machistas y negacionistas de la violencia de género”.

Tal consenso no existe, digámoslo claro y no nos engañemos, por rigor definitorio: La existencia de ese consenso convertiría inmediatamente en innecesario presentar una propuesta para combatir un negacionismo que ni está ni se le espera, por anuencia universal.

Pero pasemos por alto tan evidente y sonrojante contradicción. Achaquémosla al entusiasmo activista de la ideología pancartera, al amateurismo de cuarentones tardopúberes jugando a hacer alta política, que les ha llevado a fallar semánticamente. Seamos benevolentes.

Podríamos entrar a discutir aquí el enunciado de la Proposición no de Ley por el cual se reconoce “la existencia de una violencia específica contra las mujeres que se produce por el hecho de ser mujeres” (sic) y que obvia y niega el carácter multifactorial de cualquier acto violento, achacando única y exclusivamente a la genitalidad la categoría de determinante a la hora de sufrir esas agresiones. Podríamos citar, a lo Sánchez Castejón, multitud de estudios científicos independientes que contradicen esta aseveración y apuntalan la contraria.

Podríamos dar datos, de esos tan fríos y tan infames que dicen que los hombres matan más (89%) pero también mueren más de forma violenta (61%), o que matan más dentro de acitividades criminales (28,7% frente a 18,3%)), mientras que ellas lo hacen más en el ámbito de las relaciones interpersonales (80,6% frente a 67,7%). O que en España mueren 3,3 mujeres de cada millón a manos de su pareja o familiar, manteniendo una de las tasas más bajas de homicidios de la Unión Europea en violencia contra la mujer.

Pero no lo haremos. Independientemente de mi postura o la vuestra ante este tema en concreto, de los datos y las fuentes, lo verdaderamente preocupante del caso es lo que implica: la pretensión de callar a toda costa al discrepante, de abortar todo debate sobre determinados temas, de la aspiración indisimulada a un pensamiento único. El bueno, el justo, el indiscutible. Pretender señalar, casi criminalizar, una postura ante un hecho cualquiera es un atentado directo contra la libertad de información, de expresión y de pensamiento. Inaceptable, además, porque es el debate, la confrontación de posturas disonantes, lo que permite analizar y estudiar, contemplar otras ideas y cuestionar las propias, diagnosticar y solucionar problemas. Avanzar, en definitiva.

Dejadme que dude, de todos modos, de que esto haya sido algo más que un teatrito progresista para forzar a la oposición a colocarse a su lado, a significarse, en este tema por miedo a ser acusados de estar muy a tope con el asesinato impune y sistemático de mujeres. En esa manía de tomar la parte por el todo, cualquier pequeño cuestionamiento a un matiz es interpretado como una enmienda a la totalidad. Y, a golpe de emocionalidad, de elevar a categoría de héroe a la víctima y de canalla a cualquiera que ose disentir con ella en lo más mínimo, uno se ve empujado al lado oscuro, al valle de los nefandos del que difícilmente se vuelve. PP y Ciudadanos han caído como pardillos. Y nos han hecho a todos un traje.

En nuestro país, os recuerdo, ni siquiera negar el holocausto, per se, es delito o está perseguido. Es necesaria la intención de humillar o denigrar a las víctimas para que pueda ser considerado como tal. ¿Cómo se va a evitar, pues, que se ponga en duda la existencia o no de la violencia de género, o lo acertado o desacertado del nombre, o la definición misma? Si, incluso, en sentencia del Tribunal Constitucional en 2004 se contempla que “la libertad científica goza en nuestra Constitución de una protección acrecida respecto a las de expresión e información, cuyo sentido finalista radica en que sólo de esta manera se hace posible la investigación histórica, que es siempre, por definición, polémica y discutible, por erigirse alrededor de aseveraciones y juicios de valor sobre cuya verdad objetiva es imposible alcanzar plena certidumbre, siendo así que esa incertidumbre consustancial al debate histórico representa lo que éste tiene de más valioso, respetable y digno de protección por el papel esencial que desempeña en la formación de una conciencia histórica adecuada a la dignidad de los ciudadanos de una sociedad libre y democrática”. Amén.

Pongámonos en lo peor de todos modos, en la obligación de no disentir ante ciertas afirmaciones o creencias, en contra incluso de estudios científicos que señalen lo contrario. Por nuestro propio bien. Porque es lo correcto. Sin alternativa. ¿Qué será entonces lo siguiente? ¿Obligación de creer en ciertas identidades nacionales y no en otras? ¿Deber de creer en Dios o de no hacerlo? ¿En Robocop? ¿En la homeopatía?

En el siglo XVIII, durante el dominio francés en Haití, esclavos africanos fueron llevados hasta allí para ser explotados en las plantaciones de caña. Se les obligaba, de paso, a convertirse al cristianismo. Porque sí. Porque eso era lo correcto y no había más fe admisible. Forzados a renunciar a sus dioses paganos y a orar a santos católicos, los esclavos articularon un sistema de equivalencias por el cual cuando se encomendaban en voz alta a tal o cual santo estaban elevando sus plegarias a uno u otro dios. Así, orar a San Patricio era, en lo íntimo, hacerlo a Damballa. Aquel que era devoto de Santa Ana lo era en realidad de Nanán Baruqué. O elevar una plegaria a la Inmaculada Concepción era hacerlo a Ayida-Wedo. Es decir, que los esclavos no renunciaron a sus creencias, fingieron hacerlo. Se puede someter el verbo, pero difícilmente el pensamiento. Podrán obligarnos a no manifestar en voz alta una creencia, pero no tienen poder para actuar sobre la creencia misma.

Así, neguemos y discrepemos todo lo que consideremos necesario. Es nuestro derecho y, casi diría, nuestra obligación. Y si, llegado el momento y porque no me queda más remedio, me leéis una columna delirante sobre los Habsburgo, sabed que cada vez que cuestione el “Imperio Autrohúngaro” estaré haciendo lo propio con el concepto “violencia de género”. Pero que no salga de aquí, por vuestros muertos. Papa Legba nos ampare.