Europa y la inmigración

Creo que Europa necesita una inmigración controlada que compense nuestros bajos niveles de natalidad actuales. El grado de riqueza que hemos alcanzado –comparado al resto del mundo– será insostenible si la población europea que trabaja disminuye con relación al segmento de mayores y retirados a los que hay que seguir apoyando. Pero el proceso de admitir en nuestro seno a aquellos que quieren trabajar entre nosotros –compartiendo un mínimo de valores comunes– tiene a la fuerza que ser controlado. Si en la Europa del acuerdo de Schengen no hay fronteras, el asunto de ordenar la inmigración es un reto común; una vez dentro de una nación, el inmigrante está dentro de todas. Y la inmigración ilegal es un fenómeno caótico que amenaza a la necesaria inmigración; por lo tanto constituye un peligro para el futuro de esta Europa unida. Centrémonos pues en estudiar dicha amenaza.

Inmigración ilegal en el imaginario europeo es sinónimo a decir Mediterráneo. Y esto es así por un fenómeno mediático centrado en la trágica epopeya de unas pobres gentes que se arriesgan a cruzar el mar en unas precarias embarcaciones por lo que además han pagado un precio desorbitado. Existen tres rutas para cruzar el Mediterráneo ilegalmente. La de Levante, que partiendo de Turquía alcanza las costas griegas. La central que une Libia con Italia. Y la occidental que comunica Marruecos con España aunque quizás en un futuro próximo, emplee también Argelia como punto de salida. Para que tengan una idea cuantitativa de estas rutas, en lo que va de año, la oriental ha sido utilizada por unos 10.000 inmigrantes, la central por unos 6.000 subsaharianos y a España han llegado unos 8.000, también subsaharianos. El año récord fue el 2015 con un millón de inmigrantes ilegales y el menor número –140.000– se alcanzó en el 2018. El año en que más vidas se perdieron fue el 2016: unas 5.000.

Las naciones europeas de recepción de la inmigración ilegal utilizan actualmente mecanismos económicos para tratar de regularla. Así España ha concedido el pasado verano unos 32 millones de euros a Marruecos para financiar dicho control y la Unión Europea (UE) ha añadido una cantidad tres veces mayor. Análoga ayuda económica –aunque más opaca– fluye de Italia hacia entidades libias. Y la UE prometió en el 2016 unos 6.000 millones de euros a Turquía para que controlase los refugiados sirios y afganos que transitaban hacia Grecia. Sin embargo las quejas de Turquía sobre no haber recibido esta suma son continuas y se mezclan con unas reclamaciones de zona económica exclusiva marítima desorbitadas y con su intervención militar en Libia, opuestas ambas a los intereses de la UE. La experiencia demuestra que cuando los países de tránsito se desequilibran, los flujos inmigratorios masivos agravan los problemas de seguridad al tratar de ser explotados por los contendientes. Libia es el paradigma de todo esto. Pero también se observa en las acciones de Turquía en Siria/Irak y en el Mediterráneo oriental. Si la situación de Argelia se descontrola todavía más en el fututo podría llegar a verse involucrada en los flujos inmigratorios ilegales subsaharianos.

El principal escollo a una política europea común que intente controlar este fenómeno negativo es la oposición tajante de ciertas naciones del Este a un sistema de redistribución de los inmigrantes que ya han logrado traspasar alguna de las fronteras comunes. Ahora el problema es casi exclusivamente del país de entrada –principalmente Grecia, Italia, Malta y España– y no del resto de Europa. Es verdad que la Alemania de la Sra. Merkel en el pico del problema –en el 2015– admitió algo más de un millón de inmigrantes que habían logrado entrar en Europa ilegalmente. Pero aquella política –que casi le cuesta el puesto a la Sra. Merkel– ha sido rectificada posteriormente aunque Alemania siga siendo una de las naciones que muestran más comprensión por este problema paneuropeo. La operación marítima Sophia de la UE que pretendió controlar la llegada ilegal de inmigrantes por el Mediterráneo central fracasó precisamente a causa de no lograr acuerdo con el sistema de redistribución de los mismos. Pero si no se logra un acuerdo sobre esto, hay peligro para la misma UE. Esto es potencialmente tan grave que pienso debería estudiarse «expulsar» de Schengen a las naciones que no muestren la solidaridad mínima.

Con la crisis del co-19 y los años de recesión económica en Europa que seguirán, la política europea sobre la inmigración ilegal posiblemente se endurezca por aquello de donde no hay harina todo es mohína. Pero a la larga deberíamos darle un giro a este fenómeno centrándonos en la inmigración que necesitamos –la buena– más que en la mala –la ilegal– que puede descontrolar todo el proceso por las obvias consecuencias de seguridad que lleva asociadas. Esto de centrarse en lo positivo en lugar de lo negativo tendría para nosotros el valor añadido de que entre las fuentes de inmigración legales esta la hispanoamericana de más fácil asimilación para España que la ilegal subsahariana, musulmana y asiática. Si la UE –al menos la de Schengen– concentra sus esfuerzos en diseñar una política que regule la entrada de los que quieren y pueden ayudarnos a trabajar –aunque hayan nacido en otro lugar–, siempre será más fácil acordar adicionalmente los mecanismos de defensa de aquellos otros fenómenos adversos –la inmigración ilegal– que se oponen a dicho fin.