Irresponsable campaña contra el Rey

Se abre un campaña contra la Monarquía parlamentaria que, no por anunciada, no nos deja de sorprender e inquietar. Es lógico que así sea, precisamente ahora, cuando la coyuntura política y económica es más enrevesada y adversa. Es necesario que las instituciones del Estado estén debidamente debilitadas para que se ponga encima de la mesa la posibilidad –democrática, claro está– de un cambio de régimen. No a corto plazo, matizó el máximo instigador, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, aunque sólo él debe saber cuál es esa medida de tiempo, si es en una o dos legislaturas, o cuando sus necesidades de subsistencia política lo precisen. En esta campaña, Iglesias aplica la máxima leninista de «dos pasos adelante y uno atrás»: primero alaba la ruptura con su padre y a continuación lo responsabiliza al Rey de todos sus errores en tanto que institución hereditaria.

El menú está servido y es cuestión de digerirlo en las raciones que la sociedad lo vaya asimilando. Referéndum y abdicación, o al revés, pues para Podemos la suma será siempre la misma: acabar con la Monarquía parlamentaria y, como paso previo, liquidar el «régimen del 78», que encarnó tan ejemplarmente su padre. De Iglesias no se espera otra cosa; utilizar los problemas que Juan Carlos I tiene con la Justicia, si finalmente se da forma a alguna acusación, para ocultar sus propios problemas íntimos, públicos y políticos derivados del «caso Dina». Una manera obscena de buscar oxígeno para un partido en caída y un caudillo, por contra, en ascenso público. Pero de Sánchez todavía se espera que, pese a su apego a gobernar sin apoyos y a utilizar todos las instituciones del Estado –incluida la Jefatura del Estado– para apuntalarse en La Moncloa, no se resigne a una dependencia tan vergonzosa e irresponsable de todos y cada uno de los partidos antimonárquicos –el republicanismo también se merece un respeto– y, no falla, favorables a romper la unidad territorial de España. El independentismo catalán lo puso en su objetivo y Sánchez se sienta con ellos en una mesa de negociación. Se puede decir que el primer objetivo se ha alcanzado: aislar al Rey, institucionalmente, en su papel representativo y desligitimarlo democráticamente. Cada vez que el presidente del Gobierno quiere echar una mano a la Monarquía, irremediablemente se la echa al cuello planteando el fin de la inviolabilidad del Rey y, de paso, regular los aforamientos, procedimiento que poco o nada tienen que ver. Aunque obligaría a una reforma constitucional de diferente calado, Sánchez no es la primera vez que lo mezcla, lo que nos indica que el error es buscado: plantear algo imposible, pero que daña a la Corona. El fin de la inviolabilidad convertiría a Felipe VI en un paria jurídico, conforme es reconocido en viejas democracias republicanas y monárquicas, siguiendo reglas consuetudinarias en el derecho internacional. Como es sabido, el Jefe del Estado no tiene responsabilidad política y sus actos están siempre refrendados por presidente del Gobierno, ministros o presidente del Congreso, así que la reforma constitucional que propone Sánchez en su artículo 56.3 tendría un calado que modificaría de arriba a abajo la función del Rey. Dada la complejidad del procedimiento habrá que suponer que Sánchez o está haciendo un uso electoral o con toda su buena intención está intentando canalizar a su desbocado vicepresidente que, en todos las cuestiones políticas lleva la iniciativa. Además, es imposible, y lo sabe, reformar la Carta Magna a ese nivel sin contar con el primer partido de la oposición, ya que es necesario dos tercios de los votos en Congreso y Senado y, posteriormente, un referéndum.

La irresponsabilidad es mayúscula: en plena crisis sanitaria, con más de 45.000 muertos, ante un panorama económico desastroso y después del fracaso de España en el Eurogrupo, o quizá por todo ello, el Gobierno consume sus escasas energías en situar a la Monarquía parlamentaria en el centro del tablero político.