Europa no tiene más salida que el acuerdo

Special European Council in Brussels
FRANCOIS WALSCHAERTS / POOLEFE

Las cumbres europeas donde están en juego cuestiones sustanciales –o cuotas de poder o fondos económicos– se sabe cuándo empiezan, pero no cuándo terminan. Empezó el viernes y ayer, tras la tercera sesión, no se había alcanzado un acuerdo definitivo. No es mala señal. Hay demasiado en juego: los Veintisiete tienen encima de la mesa una nueva propuesta que mantiene el tamaño del fondo en 750.000 millones de euros, pero reduce las subvenciones en 50.000 millones hasta quedarse en 450.000 y a su vez aumenta en la misma cantidad los préstamos para contentar así a Holanda, que se ha convertido en el modelo de país frugal que vela por el estricto cumplimiento de las reformas. A este país se suman Dinamarca, Suecia, Austria y Finlandia en la reclamación de recortes. En tanto que España, Italia, Portugal y Grecia se oponen y se ha creado un frente algo ficticio entre norte y sur, toda vez que Alemania y Francia se han sumado a la posición de los del sur.

El holandés Mark Rutte ha forzado su posición, pero será difícil que la mantenga hasta el final, al punto de exigir un férreo control de las ayudas del fondo de recuperación antes del desembolso con muestras claras de que las reformas exigidas se van a llevar a cabo. En concreto, en lo que se refiere a España, legislación laboral y sistema de pensiones. No debería ser un problema insalvable, pero choca con un Gobierno con unos acuerdos de coalición que se dan de bruces directamente con los planes comunitarios. En Bruselas se ha seguido con atención el plan de Sánchez e Iglesias de unir las pensiones al índice del IPC, incluso de eliminar la reforma de las prestaciones de 2013, que basaba la revalorización teniendo en cuenta el importe de los ingresos y los gastos del sistema de Seguridad Social y el número de anual de pensiones contributivas. Por otro lado, que el Gobierno insista en cambiar la reforma laboral de 2012 y que obligue a Nadia Calviño, conocedora de las posiciones de la UE, a matizar la posición no es el mejor aval para España. Otro aspecto que el Gobierno deberá abordar, tal y como aconsejan en Bruselas, es el incremento del IVA, ya que consideran que hay demasiados productos con el tipo reducido y superreducido. Ahora bien, a Sánchez replantear su programa de gobierno en estos dos aspectos le supondría un coste político que no está en condiciones de asumir y no quiere que dé alas a su socio de Podemos para forzarle a una batalla imposible de ganar ante sus socios europeos. Ahora bien, Europa sabe cuáles son los condicionantes de Sánchez y sus limitaciones políticas en este momento –como suele decirse, no es recomendable cambiar de caballo en mitad del río–, por lo que las exigencias de Rutte de fiscalizar el desembolso de las ayudas en función de las reformas debe suavizarse en el tiempo. Esa, sin duda, es una pelea que Sánchez tendrá que abordar en su propio Gobierno y con su socio, al que las ayudas parecen no quitarle el sueño. Habrá solución y, en un tema donde la crisis va a pasar factura, deberá contentar a todas las partes. Los países frugales también lo saben: sus economías son fuertes, pero su mercado interior es pequeño y necesitan un mercado único para dar salida a su producción. La propuesta de «freno de emergencia» si no se hacen las reformas se acabará suavizando. Luego hay problemas de gestión sobre cómo se votará, si por unanimidad o por países, pero lo que parece inaceptable es el derecho de veto de Rutte, de ahí que el «freno de emergencia» que puede activar cada país da margen a seguir negociando.

De momento se ha alcanzado un acuerdo sobre el volumen del fondo y queda por zanjar cómo se va a gestionar. Sánchez ha jugado la baza, junto a Italia, de ser los países más castigados por la epidemia, lo que también le ha dejado desnudo ante sus socios: no puede cada ciclo de crisis pedir ayuda a Europa.