La vandalización de la Monarquía

Hace unos cuantos años, se puso de moda un lingüista norteamericano, de nombre George Lakoff, que hizo fortuna en los gabinetes de comunicación política, jóvenes politólogos e influyentes «think tanks», los que entienden que la política se hace en un laboratorio. Su idea de «marco mental» hizo furor: se trataba de que el primero que impusiese una metáfora en la opinión pública, dominaba el tablero. Da lo mismo que fuese verdad o mentira, lo importante era infantilizar al votante. Así que ha sido Pablo Iglesias, aún recibiendo el consejo del presidente del Gobierno de mantener un perfil bajo respecto a la marcha de España de Juan Carlos I, el que dio la orden de abrir una campaña abierta contra él. Sin duda, inmunda, porque parte de una falsedad jurídica. La palabra clave es: el que fuera Rey ha «huido» de la Justicia. El símbolo del «régimen del 78» es un «prófugo» y no quiere rendir cuentas ante su pueblo. Tras de ella se ha lanzado toda suerte de izquierdistas, separatistas, republicanos chavistas, ociosos progresistas e incluso las juventudes socialistas zamoranas, además de responsables políticos del PSOE con mando en importantes ciudades españolas. La infantilización política obliga a que, como primer paso, se realice una campaña de destrucción de símbolos, no sólo referidos a Don Juan Carlos, sino a también a la Monarquía.

Se invocará el derecho a la libertad de expresión, de manifestación y protesta, pero habrá que recordarles que es una campaña contra la democracia española, el pacto constitucional del 78 y lo que supuso como marco de concordia, progreso y libertad, también para expresar las ideas más miserables. Pero debería ser el Gobierno, su presidente, quien más claramente mostrase su compromiso en público y desde la tribuna que le ofrece La Moncloa. Es decir, que sea Sánchez quien asuma la tarea de defensa de la Monarquía parlamentaria que, como bien sabe, permite el encaje de nuestra arquitectura institucional. No basta con llamar al orden a la alcaldesa de Gijón, militante socialista, que ha propuesto retirar el nombre de una avenida a Don Juan Carlos, que también, o que les recuerde a los herederos de ETA que tan generosamente le dieron sus votos para investirlo, que tampoco iría mal, que la Transición y la democracia que con tanta crueldad intentaron destruir durante cuarenta años está representada en la Corona. Bildu EH y Podemos han propuesto al alimón que el consistorio de San Sebastián promueva la retirada de «todas las referencias y alusiones a la monarquía en general». ¿Incluirán el cambio de nombre al señorial y cinematográfico Hotel María Cristina? ¿Qué será del viejo puente María Cristina sobre el Urumea?

Según el INE, en España hay 637 calles, avenidas y plazas con el nombre Juan Carlos I, que pueden ser directamente vandalizadas –según denominación de la cursilería iconoclasta– o retiradas sus nomenclaturas por los servicios municipales. La alcaldesa de Barcelona, la hiperpopulista Ada Colau, se anticipó, como siempre, a retirar el busto de Don Juan Carlos del salón de plenos e impúdicamente lo metió en un caja ante las cámaras, un decapitación simbólica que llenó de alegría a sus seguidores, y ahora, siempre activa en estas operaciones de cosmética, anima a Pablo Iglesias a emprender esta campaña, donde no correrá la sangre, claro está, pero que será un oprobio para nuestra democracia si se permite hacer. Y de esto se trata, de animar una campaña de desestabilización, de nuevo a cargo de los presupuestos generales del Estado –el «procés» con todo pagado marcó el camino–, contra el Pacto del 78. Tiene un riesgo: no todos los ciudadanos lo aceptarán. La división, pues, está servida y tendrá consecuencias. El inductor está sentado como vicepresidente en el Consejo de Ministros y es, por lo tanto, obligación de presidente defender los símbolos democráticos y constitucionales.