Las oscuras cuentas de Podemos

Las «herramientas de financiación innovadoras y participativas inspiradas en los valores de le economía colaborativa» que inspiran a Podemos, según se dice en la web del partido, no siempre se ajustan a las normas que exige el Tribunal de Cuentas, que se basa en principios muy claros. Cada factura debe corresponder a una partida justificada cuya contratación y gasto se atenga a la legislación vigente. Dicho órgano fiscalizador ve irregularidades relativa a las elecciones generales del pasado 28 de abril de 2019. En concreto, se trata de 425.000 euros que no se han justificado correctamente o que no se corresponden a gastos propiamente electorales. De esta cantidad, hay 290.727 euros que no son considerados como gasto electoral, ateniéndose a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) en su artículo 130, que especifica que éstos se cuentan «desde el día de la convocatoria hasta el de la proclamación de electos». Entre ninguno de estos gastos se incluyen asesoramientos, que es, precisamente, el capítulo que el Tribunal de Cuenta pone en duda, ya que Podemos intentó incluir como partida susceptible de ser subvencionada gastos que la ley no incluye. En las alegaciones del partido de Pablo Iglesias se argumenta que ese tipo de asesoramiento –concepto de por sí inconcreto– es «imprescindible». Por su parte, el órgano fiscalizador del sector público entiende que «la elaboración de las líneas estratégicas de precampaña y campaña se consideran servicios de consultoría estratégica, esto es, trabajos de naturaleza preparatoria». Por otra parte, hay 133.100 euros que no están debidamente justificados y que, ante la alegación de Podemos, el tribunal cree que no queda debidamente demostrado que el proveedor haya realizado el trabajo por el que se dice haber sido contratado.

Llama la atención que Podemos, un partido cuyos dirigentes y cuadros se presentan en su mayoría como politógos o especialistas en cualquiera de las ramas de las ciencias sociales, la demoscopia y la comunicación política tenga que recurrir a consultorías especializadas en campañas para definir su estrategia electoral. Como es sabido, es un entramado de asesorías que los dirigentes de Podemos conocen bien y les ha sido muy rentables profesional y económicamente. Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores del partido, cobró 425.000 euros por un informe de unas cuantas páginas sobre la creación de una moneda única para los países de la órbita bolivariana –muy bueno no tenía que ser a tenor del valor actual de bolívar–, pero que no declaró a Hacienda. En este apartado, el Tribunal del Cuentas ha puesto el ojo sobre un contrato de 363.000 con una consultoría, firmado por el propio Iglesias, lo que no se ceñiría a lo estipulado por la legislación. Al margen de que esta asesoría, Neurona, esté vinculada al régimen chavista, para el que ha realizado trabajos, así como para otros países de la órbita.

Hay cuestiones que ha despertado todas las dudas: la factura de Neurona Consulting fue emitida el 5 de abril, mientras dicha empresa se dio de alta en el Registro Mercantil de Sevilla el 19 de marzo, y el contrato se firmó el 6 de mayo, después de las elecciones. Es la misma consultoría que realizó para Podemos el vídeo «Las cloacas del Estado», cuando Iglesias quiso convertir en un «caso» contra él y acabó siendo lo que ha acabado siendo un asunto muy turbio con su ex asesora Dina Bousselham: «el caso Dina». Neurona está siendo investigada en Bolivia por supuestos cobros del gobierno de Evo Morales. Podemos tiene demasiadas zonas oscuras que suele ventilar culpando a misteriosas conspiraciones, aunque siempre se trata del mismo método: fuentes de ingresos que no pueden ser revelados y que, detrás de campañas de microcréditos o «crowdfundings» hay partidas difícil de justificar. Ahí está el informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias en que hablaba de un ingreso de 9,3 millones de euros a la productora de televisión de Iglesias, que emite por un canal iraní. Demasiada oscuridad.