El Rey y el socialismo español

Esta semana ha estado marcada por el anuncio de que Juan Carlos I abandonaba España «ante la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados» del que fuera Rey de España y para «contribuir a facilitar el ejercicio de tus funciones, desde la tranquilidad y sosiego que requiere tu alta responsabilidad», según la carta que envió a su hijo, Felipe VI. Como no puede ser de otra manera, la repercusión ha sido amplísima, centrando todo el debate político y ha abierto una brecha por aquellos que creen que hay que plantear ya un cambio de régimen, se entiende que republicano. Está bien que se debata, pero sin perder el norte, es decir, sin olvidar de que, según el artículo 1 de la Carta Magna, «la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria». Pero de ahí a extrapolar que es necesario un cambio de régimen, media un trecho lleno de mucha propaganda y, sobre todo, de la obsesión de minar la unidad territorial por izquierdistas que admiran las repúblicas caudillistas e independentistas y que la Corona garantiza. Por otra parte, esos deseos no responden a la mayoría parlamentaria constitucionalista, a no ser que se produzca un cambio inesperado en el PSOE, lo que, sin duda, supondría el fin de la Constitución del 78. Es cierto que el actual Gobierno, sustentado por una coalición de izquierdas en la que un partido como Podemos está empeñado en acabar con el «régimen del 78», no debería ser un riesgo de inestabilidad, pero siempre que el presidente Pedro Sánchez delimitase muy claramente el perímetro que Pablo Iglesias no debería sobrepasar. Pero también es cierto que la formación del propio Gobierno con apoyos indeseables para cualquier sistema democrático liberal, ha permitido que Sánchez diera rienda suelta a sus veleidades de asumir todo el poder, incluso con gestos que invadían las competencias de la jefatura del Estado y sólo propiciaban su aislamiento.

Hay un hecho histórico innegable: la Monarquía parlamentaria no se hubiera consolidado sin el apoyo decidido de los socialistas. Lo sabía el líder histórico del socialismo español, Felipe González, y lo sabía Juan Carlos I. González fue el primer secretario general del PSOE que pidió audiencia en La Zarzuela, y lo hizo exactamente el día después de que el Rey sancionase la Constitución, lo que supuso el reconocimiento pleno de la Monarquía en tanto que régimen inseparable de la democracia. Había algo más, admitido por el propio Juan Carlos I: la Monarquía no sellaría su legitimidad hasta que no reinase con un gobierno socialista. Así sucedió en varias legislaturas, hasta que hemos entrado en un momento especialmente crítico en el actual PSOE, en el que algunos sectores se han sumado a la corriente populista de Podemos y nacionalistas y plantean abiertamente un cambio de régimen, por lo menos en los simbólico, que no es poco. En definitiva, sólo desde una mayoría constitucionalista y leal puede cerrarse el paso a los que propugnan la liquidación del «régimen del 78», empezando por el PSOE, partido que ahora gobierna en una coalición que ha sido motivo de desestabilización del sistema. La manera en cómo el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, de Podemos, ha respondido a la marcha de Juan Carlos I, tildándola de «huida», y la campaña desmedida y humillante contra quien ha sido un baluarte de la democracia en España ha planteado una situación especialmente crítica: Felipe VI era señalado como cómplice de un acto delictivo. No es así, claro está, pero la mentira, como siempre, se abre paso con facilidad en un sociedad donde el bulo tiene el mismo valor que la verdad de los hechos.

Desde su coronación, Don Felipe ha representado con pulcritud lo esencial de su misión: ser una institución abierta, tolerante, apartidista, recta en la defensa de la constitución y la unidad territorial y, sobre todo, defensora a ultranza de la convivencia entre los españoles. A esa defensa se deben empeñar los partidos constitucionalistas y el actual Gobierno socialista.