En defensa del Rey Don Juan Carlos

Me siento obligado a escribir estas líneas en defensa de nuestro Rey Emérito Don Juan Carlos I. Como militar, constituye un acto debido para quien ha sido el Capitán General y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas durante 40 años. Como ciudadano, es un deber de agradecimiento a quien ha sido el Jefe del Estado durante la época de mayor paz, estabilidad, prosperidad y democracia de los últimos 200 años.

Vaya por delante que, como firme defensor del Estado de Derecho, no seré yo quien reste responsabilidad a aquella persona, quienquiera que fuese, que, ejerciendo funciones públicas, hubiera contravenido la legislación vigente o haya quebrantado su deber de ejemplaridad.

Sin embargo, y porque el nuestro es un Estado de Derecho, resulta obligado obrar siempre conforme a la Ley. Por ello, debemos preguntarnos si el desmesurado ataque que está sufriendo actualmente el Rey Emérito, por determinadas fuerzas políticas y algunos medios de comunicación, es conforme con el Estado de Derecho.

Principios fundamentales en este análisis son el de legalidad, el de seguridad jurídica, la presunción de inocencia e «in dubio pro reo», entre otros. Estos principios distinguen un sistema democrático de otro autoritario, donde no existe la presunción de inocencia, donde la seguridad jurídica es sustituida por la arbitrariedad y el principio de legalidad por el atropello.

Lo primero que hay que estudiar es el alcance de la posible inviolabilidad de Don Juan Carlos. Existen interesantísimos debates que defienden posturas contrapuestas, no exentas de razones de peso unas y otras. Personalmente me parece muy convincente la tesis del catedrático de derecho penal Lazcuarin Sánchez, quien niega la inviolabilidad actual del Rey honorífico, pero mantiene su vigencia en relación con las conductas que realizó cuando era Jefe del Estado. Ello le haría perseguible penalmente por sus actos desde su abdicación, pero no antes.

Sin embargo, la falta de legislación directa aplicable al caso y las fundadas dudas expuestas por reconocidos y prestigiosos juristas, como los letrados del Congreso, deberían hacernos preguntar si esta situación es compatible con el constitucional principio de seguridad jurídica y el trascendental principio de legalidad, que impera en el derecho penal. En mi opinión, es necesario aplicar el principio de «in dubio pro reo», que debería obligar, mientras no se cambie la legislación, a reconocer la inimputabilidad penal del Rey Emérito. El propio presidente del Gobierno se ha manifestado a favor de modificar la Ley, prueba de la inseguridad jurídica actual.

La segunda cuestión es la naturaleza jurídica del abandono del territorio nacional por Don Juan Carlos que, si es libre y voluntaria, nada debe objetarse, porque al día de hoy no pesa prohibición alguna al efecto y, por ello, debe respetarse la voluntad regia. Sin embargo, si como parece, el traslado al extranjero es impuesto, constituiría una medida cautelar extrajudicial, sin base legal y e inconstitucional. Es obligado recordar que sobre el Rey Don Juan Carlos, como nos ha recordado el Tribunal Supremo, al día de hoy, no pesa ninguna denuncia ni se encuentra investigado en ninguna causa judicial. En todo caso, cualquier medida cautelar le correspondería dictarla al magistrado instructor con carácter exclusivo y excluyente. Si por el contrario, abandonamos el campo del Derecho y nos adentramos en las pantanosas aguas de la política y, más concretamente, en las ambiguas corrientes de la ejemplaridad, la cuestión se vuelve aún más incierta. Se le exige ejemplaridad al Rey Emérito y bien está. Pero, ¿quién la exige? La exige parte de una sociedad donde la ejemplaridad brilla por su ausencia, donde la corrupción y el despilfarro públicos son de una magnitud insoportables, donde todos los partidos políticos están salpicados, en mayor o menor medida, por la corrupción y el enriquecimiento injusto de muchos de sus miembros, donde las simpatías políticas se otorgan a los herederos de los terroristas y sus amigos, donde se conceden incomprensibles privilegios penitenciarios a los golpistas condenados y donde la traición al Estado está latente en la conducta de no pocos de esos políticos. Nuestra clase política, con carácter general, carente de ejemplaridad, tiene mucho que callar y mucho perdón que pedir. Personalmente, me parece un sarcasmo cruel al linchamiento a que se está sometiendo a quien ha ejercido durante 40 años sus funciones públicas de forma intachable y en beneficio de España.

Es preciso recordar que la supuesta falta de ejemplaridad del Rey Emérito, aún no acreditada, se refiere exclusivamente a una cuestión particular, como es el pago de impuestos. Lamentablemente, el ataque al Rey Emérito no se limita a su real persona, el siguiente objetivo puede ser la Corona, la Constitución, el sistema nacido en la Transición o la propia democracia.

Por último, si finalmente el Rey Emérito tuviera que soportar los rigores del Estado de Derecho, el Gobierno de la Nación debería instar la correspondiente medida de gracia. Nadie en España, en los últimos 45 años, se ha merecido el indulto más que el Rey Emérito, por sus altísimos servicios a España, entre los que se encuentra la sanción de la Ley de Amnistía de 1977. Curiosamente, los herederos de los amnistiados son los que con más virulencia atacan al Rey amnistiador. Sería una injusticia inaceptable que un gran Rey termine sus días repudiado por una cuestión meramente privada y de naturaleza simplemente tributaria. Quien esté libre de pecado que tire la primera piedra.