Patada y pasen

España es un país de paradojas allá donde fijemos la atención, pero pocas como la que muestra el curioso contraste entre el «casoplón» propiedad del vicepresidente y líder de un partido anti sistema Pablo Iglesias custodiado por un bien nutrido número de efectivos de Guardia Civil –ahora Policía Nacional– frente a la indefensión general de los millones de ciudadanos propietarios, en muchos casos de una modesta vivienda amenazada por el fenómeno «okupa», en la nación europea donde, con diferencia, más permisividad se aplica frente a quienes desde su querencia hacia lo ajeno invaden propiedades inmuebles previa patada en la puerta. Resulta que no teníamos suficientes problemas los españoles de a pie en un verano marcado por las oleadas de covid-19 y por una brutal crisis económica, cuando viene a añadirse algún otro como el justificado pánico a abandonar nuestros domicilios ante la posibilidad de encontrarnos al regreso con inesperados ocupantes de nuestra propiedad. No es un plaga, pero sí un más que indicativo síntoma del país que tenemos y hacia dónde vamos.

El problema viene de atrás pero la preocupación es creciente, no sólo por el alarmante aumento de «okupas» que no entran precisamente en fábricas o naves abandonadas para pintar graffitis, sino por la incomprensible interpretación por parte de no pocos jueces de una legislación cuyos garantismos acaban dejando indefensa a la propiedad privada en favor de una supuesta y pésimamente entendida sensibilidad social. Especialmente curiosa resulta la disparidad de criterios por parte de según qué jueces a la hora de aplicar la ley sobre el particular con extrañas varas de medir. Resulta que por robar un automóvil pueden caer dos años de prisión, mientras que por robar –porque es de lo que se trata– una vivienda, casi hay que postrarse ante los ladrones con toda delicadeza dada su etiqueta de supuestos carenciados sociales. Tan kafkiano como que si tenemos la suerte de detectar la ocupación en las primeras 48 horas, tal vez quepa la esperanza de que una orden de desalojo se haga efectiva, mientras que si hemos tenido la mala fortuna de ausentarnos durante más tiempo y por cualquier legítima razón, lo que se inicia es un verdadero y auténtico calvario en el que el héroe es el «okupa» y el villano en muchas ocasiones un honrado trabajador cuya propiedad violentada no se encuentra precisamente ni en la sierra de Galapagar ni el madrileño barrio de Salamanca.

Tan cierto es que el PP reclama una modificación legal contra esta creciente «ley de la selva», como que en seis años de gobierno incomprensiblemente no lo hizo, probablemente por no contravenir las farsas de lo políticamente correcto en unos tiempos en los que los desahucios –pregunten a Ada Colau– eran una nada despreciable arma arrojadiza. Ahora la patata caliente está en manos del actual gobierno aunque a su vicepresidente Iglesias le queme poco o nada y es que, lo que subyace con el problema tiene mucho que ver con la vieja máxima anti sistema: «Lo vuestro es para todos, lo mío es para mí». Esto sí que es horadar el sistema.