Son las viejas banderas del odio

No hay precedentes en los más de cuarenta años de democracia de un ataque tan frontal contra la Monarquía parlamentaria. De los gestos, de la falta de atención hacia determinados deberes institucionales, de la reducción de la agenda de Felipe VI, se ha pasado directamente a la descalificación y el anuncio de un cambio de régimen desde ministros del mismísimo Gobierno. No hay que engañarse sobre las causas que han podido llevar a plantear una situación tan absolutamente irresponsable. Hay que decir que esta ofensiva se realiza desde uno de los poderes del Estado, lo que ya da medida de la gravedad de la situación. Esta semana ha estado sembrada de errores mayúsculos, como no invitar al Rey a la toma de posesión de los nuevos jueces, que tradicionalmente presidía, para atender las exigencias de los independentistas catalanes justificándose en que no se podía asegurar su seguridad. Es la aciaga semana de los pactos con Bildu y el anuncio del indulto a los procesados por el 1-O. Al margen de las aspiraciones políticas inconfesables del presidente del Gobierno, sí que son abiertamente públicas, y en muchas ocasiones obscenamente exhibidas, las del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. Hace unos días, manifestó que la República estaba entre sus objetivos más inmediatos, y ha dado pruebas de que su estrategia pasa ya por la desestabilización de lo que con desprecio denomina «régimen del 78».

Elegir a Felipe VI ya no es un alarde de ese republicanismo guerracivilista idolatrado por la izquierda más intolerante, sino poner en el punto de mira a la representación directa de la Monarquía en un momento en el que el Gobierno, que es quien debe defenderle, no lo hace. Alberto Garzón, un lamentable ministro-cuota para compensar al sector comunista ortodoxo de Unidas Podemos, ha acusado al Rey de actuar políticamente contra el Gobierno, lo que luego rubricó Iglesias. Un insulto de estas dimensiones sólo puede hacerse sabedor de la debilidad del proyecto político de Sánchez, de un Gobierno desorientado y que ha decidido apartarse de la crisis del coronavirus para que las comunidades autónomas, especialmente Madrid, asuman toda la responsabilidad. En definitiva, la crisis gubernamental quiere ser derivada a una crisis institucional y aprovechar el momento para deslegitimar a la Monarquía. El Rey se ha situado en el centro político en contra de su voluntad y por factores que tienen que ver con el cambio de régimen que abiertamente se ha puesto encima de la mesa y por su defensa de la Constitución y de la unidad territorial tras el golpe independentista. No sólo Garzón debería estar ya cesado, sino que Sánchez debería decidir si quiere jugar la carta de ese republicanismo de las viejas banderas o dar un golpe de timón y desprenderse ya de Iglesias, un verdadero peligro para la democracia en España.