Ejecutivo, legislativo y perjudicial

La Justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey, y es la Constitución quien garantiza el respeto a los principios esenciales necesarios para el correcto funcionamiento del Poder Judicial: la imparcialidad, la independencia, la inamovilidad, la responsabilidad y la legalidad, y su órgano de gobierno es el Consejo General del Poder Judicial que ejerce sus competencias en España, dirigido por el presidente del Tribunal Supremo y compuesto por veinte vocales, nombrados por el Rey a propuesta del Senado y del Congreso.
Con el mandato del órgano de gobierno de los jueces caducado desde diciembre de 2018 y la renovación bloqueada por la falta de acuerdo político, las fuerzas del «bloque de la investidura» llevan días exigiendo al PP la renovación de las principales instituciones del Estado, para cambiar las mayorías en los órganos de gobierno y ejercer su poder absoluto.
A esta mayoría «progresista» en las Cortes Generales le faculta tener el poder legislativo y el ejecutivo, siendo el poder judicial el único instrumento de nuestro estado de derecho que se escapa al control de una coalición que desea un cambio de régimen. Para ello han establecido una estrategia de derribo sobre la estructura del estado, con especial relevancia en el ámbito de la Justicia, designando a una Fiscal General del Estado dócil a los dictados gubernamentales, lanzándose desaforadamente en el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional o los vocales del CGPJ para que sean designados, no únicamente atendiendo a criterios de mérito y capacidad, sino también por su compromiso con el programa de Gobierno.
Antonio Gramsci es la fuente de inspiración en las hojas de ruta que populistas y separatistas han elaborado en los últimos años, lo que significan el mayor reto a la democracia liberal que disfrutamos en España. Propuestas rupturistas ambas, que han seguido fielmente las enseñanzas del fundador del Partido Comunista Italiano, admirador de Stalin, enarbolando la idea de «tomemos la educación y la cultura y el resto se dará por añadidura». No se trata de obtener el poder participando en la democracia liberal, sino conquistarlo a través de la implicación de los agentes moralizadores, los llamados eufemísticamente «intelectuales» obteniendo el control de la comunicación y la educación para sus fines espurios de adiestramiento de las élites, con el objetivo de implantar el proyecto comunista a través de movilizaciones populares, subvirtiendo las leyes. Como dijo Pablo Iglesias en el congreso fundacional de Podemos, «El cielo no se toma por consenso, sino por asalto», parafraseando a Karl Marx en referencia a la primera experiencia de gobierno proletario, la Comuna de París de 1871. Una vez han conseguido la supremacía moral del relato, las élites intelectuales ejercen su adoctrinamiento para destruir el llamado «Régimen del 78».
El pasado viernes se vivió en Barcelona una escenificación del poder de la coalición, al excluir, de la ceremonia de la LXIX promoción de jueces celebrado en la Escuela Judicial, al Rey de España. Ante una situación tan inusual, el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, dio una respuesta clara y concisa, reprochando al Gobierno el injustificable veto a la presencia de Felipe VI. Es evidente que el gobierno de España hizo el temerario gesto para agradar a sus socios separatistas, con el aplauso entusiasta de Podemos, tras semanas de ruido mediático contra la monarquía, con un relato bien construido por populistas y supremacistas, y el amparo de medios afines a las voluntades de Moncloa, aprovechando el momento convulso con las informaciones sobre presuntas corrupciones del rey emérito, propagadas por el tándem formado por una señora cortesana y un corrupto funcionario. Es la monarquía y la transición lo que está en juego.
La renovación de los órganos del Consejo General del Poder Judicial es la última frontera para la instauración del régimen populista, un proyecto perjudicial para todos los españoles. Perjudicial.