La victoria de Illa y Simón

La reacción del PNV o del mundo abertzale pararía cualquier intento de aplicar una norma parecida que no contara con el beneplácito nacionalista.

Al final, tanto ruido para nada. El gobierno de Madrid cumplirá la decisión de Illa y Simón, los autonombrados expertos sanitarios porque no existe ningún comité que conozcamos, que ha sido refrendada sin consenso por el Consejo Interterritorial de Sanidad gracias al apoyo de las comunidades donde gobierna el PSOE así como de Castilla y León. Es cierto que Ayuso ha anunciado que lo recurrirá a los tribunales y algún día resolveremos las fundadas dudas que puedan existir sobre su legalidad. La presidenta madrileña anunció ayer que las restricciones entran en vigor este viernes. No hay duda de que el gobierno de Sánchez ha conseguido una clara y contundente victoria al imponer una norma que afecta únicamente a la comunidad de Madrid. La estrategia pasaba por plantearla como de obligado cumplimiento al ser refrendada por las autonomías, aunque se han saltado el requisito del consenso, y se podrá estigmatizar a Ayuso y su gobierno desde los partidos, sindicatos y asociaciones controladas por la izquierda. A estas alturas no sé sí hubiera sido mejor no presentar batalla y someterse directamente, porque ha sido una escaramuza carente de épica.

Hay una reflexión que conviene hacer a partir de esta situación y que afecta al Estado de las Autonomías. La Constitución de 1978 y sus normas de desarrollo establecieron un reparto competencial por el que las comunidades asumieron las competencias de sanidad y recibieron los recursos humanos, materiales y económicos. A estas alturas hay comunidades de primera y de segunda, algo que ya sabíamos en función de si gobiernan o no las formaciones nacionalistas, y que lo importante con respecto a las otras es que el gobierno de España, sin necesidad de comités de expertos y con una fragilidad jurídica amparada en la pandemia, es quien toma las decisiones. En este sentido, tengo también muy claro que nunca se tomaría una decisión parecida si afectara al País Vasco y Navarra, por ejemplo, donde el PSOE está en el gobierno, o en Cataluña. Estaría encantado de equivocarme. La reacción del PNV o del mundo abertzale pararía cualquier intento de aplicar una norma parecida que no contara con el beneplácito nacionalista. Por tanto, qué utilidad tiene que existan consejerías de Sanidad. Es evidente que el gobierno considera que su criterio es el que tiene que prevalecer. Han pasado varias décadas desde que el Estado de las Autonomías comenzó su andadura y todavía sigue siendo un proceso inconcluso como hemos podido comprobar con esta crisis institucional.