“Madrid a la espera de la justicia”

Otro aspecto insólito a estas alturas es tanto la arbitrariedad como la opacidad que existe en la actuación del Ministerio

Una cuestión que sorprende en la imposición de las medidas contra Madrid es la desproporción. En lugar de dejar en manos de la autoridad sanitaria competente, que es la consejería de Sanidad, se ha preferido una solución autoritaria de brocha gorda que espero que el ministerio aplique a partir de ahora, suponiendo que se atreva, a las comunidades gobernadas por socialistas o nacionalista.

Esta primera aproximación a la desproporción contrasta con la opción de seguir actuado por áreas sanitarias, algo que parece razonable, mientras se intentaba preservar otros bienes fundamentales como son la imprescindible recuperación económica y el bienestar de una sociedad cansada con tantas restricciones. El gobierno ya intentó el confinamiento con el Estado de Alarma y no consiguió acabar con la covid-19 algo que es extensible al resto de países, por lo que resulta evidente que hay que convivir hasta que tengamos vacunas y medicinas que la controlen. Madrid cuenta con más de 1.000 rastreadores y realiza unos 160.000 test PCR a la semana, pero lo más importante es que los datos muestran una rápida mejora gracias a las decisiones adoptadas por los expertos de la comunidad. ¿Por qué esa prisa de Illa y Simón contra Ayuso y su gobierno?

Otro aspecto insólito a estas alturas es tanto la arbitrariedad como la opacidad que existe en la actuación del ministerio. El gobierno federal alemán nunca hubiera actuado de esta forma contra un land, porque existe respeto y colaboración institucional a la vez que se respetan las competencias. Es cierto que no pondrían de ministro de Sanidad al alcalde de una pequeña población sin experiencia sanitaria acompañado de un licenciado en Medicina con escasas publicaciones y sin un doctorado. Me gustan las sociedades exigentes con sus políticos y que valoran la ética, experiencia profesional y formación académica.

No sé qué resolverán las instancias judiciales, pero yo tumbaría las decisiones ministeriales y exigiría que se utilicen los instrumentos jurídicos adecuados. Hay que poner punto final a este uso alternativo del Derecho que tanto gusta a los políticos de izquierdas y no se puede utilizar la excusa de la salud pública, cuando los datos son capciosamente utilizados, para atropellar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Si Illa y Simón quieren mantener su acoso a Madrid deberían solicitar al gobierno que decrete el estado de alarma, porque es inaceptable establecer estas restricciones con la orden comunicada, como si estuviéramos en el Antiguo Régimen, de un acuerdo sin consenso del Consejo Interterritorial.