Estrepitosa derrota del Gobierno

Nunca entenderé el empecinamiento en hacer las cosas mal cuando se pueden hacer bien. Era más que probable que el gobierno social-comunista sufriera un severo varapalo por las arbitrarias restricciones que impuso a Madrid limitando derechos fundamentales sin ninguna base legal. Lo bueno de la Nueva Política es que nadie asume responsabilidades. La Real Academia debería incluir una nueva acepción en la palabra dimisión para aclarar que bajo ninguna circunstancia es aplicable en política y especialmente para la izquierda. El proceso de devaluación de nuestra democracia se puede comprobar en este tipo de situaciones. La irresponsabilidad es una nueva figura que ha alumbrado, también, el mundo surgido del 15-M y la actual crisis institucional que vivimos. Las administraciones no tienen que colaborar sino pelearse, hay que cuestionarlo todo para tender cortinas de humo y no hay nada mejor que el viejo caudillismo decimonónico que ha renacido a caballo de las primarias.

La legislación sanitaria no es suficiente para limitar el derecho a la libre circulación que es algo que se aprende en primero de Derecho. Lo de hacerlo con una orden comunicada firmada por una secretaria de Estado parecía salido de la extinta Unión Soviética donde no existía ningún tipo de garantía o respeto a los derechos individuales y colectivos. El fondo siempre es importante, pero también la forma. Es uno de los fundamentos del Estado de Derecho. El objetivo que se quiere alcanzar puede ser bueno, pero no se puede hacer pisoteando el ordenamiento constitucional. Es lo que han hecho Illa y Simón en su pulso contra Madrid. La salud pública no puede justificar la utilización de mecanismos inadecuados para limitar los derechos fundamentales. La alternativa no debería ser la chulería inaceptable de imponer un estado de alarma que es innecesario, sino colaborar con la administración competente, que es la autonómica, en materia sanitaria. El populismo que se ha instalado en la vida política española parece olvidar que el fin nunca justifica los medios. Hemos asumido, desgraciadamente, el declive del sistema de la división poderes que alumbró el constitucionalismo con la Revolución Norteamericana, a partir de la definición de Montesquieu, pero ni podemos ni debemos asumir que un gobierno, cualquier gobierno, pueda limitar caprichosamente nuestros derechos. Es mucho lo que nos jugamos como sociedad democrática y hay que recordar a nuestros gobernantes, además, que las medidas no sólo no pueden ser arbitrarias y confusas sino que tienen que ser proporcionales. Un estado de alarma no lo es.