Una Justicia sumisa

El lío en que se ha metido el gobierno social-comunista para someter a los jueces a sus intereses partidistas resulta bastante sorprendente por su zafia torpeza. Este ataque a la independencia judicial, con el objetivo de conformar una Justicia sumisa a partir del control del Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, entra en colisión directa con la Constitución y el ordenamiento que emana de los tratados de la Unión Europea y el Consejo de Europa. La actitud inane ante este gesto de autoritarismo por parte de los tres ministros que son magistrados, dos de la Audiencia Nacional y la otra del Supremo, resulta asombroso cuando todos han formado parte, además, del CGPJ. Es verdad que esperaba un golpe de efecto de Sánchez en la dirección contraria, reconozco mi ingenuidad, y que ofrecería, por fin, una independencia total al CGPJ. El insólito nombramiento de Lola Delgado ya fue un golpe muy duro al convertir a la Fiscalía en un apéndice de la política gubernamental. Es verdad que se hizo con luces y taquígrafos. La verdad es que Delgado está cumpliendo con notable eficacia la labor encomendada.

Me hubiera gustado un jurista independiente al frente de la Fiscalía General, pero había que emprender el asalto sin que importara la imagen que se ofrece al exterior y las graves consecuencias que tiene para su credibilidad. Sánchez tenía ahora la oportunidad de plantear una salida que blindara definitivamente la independencia del Consejo para que cumpliera su papel constitucional con absoluta eficacia. Es inquietante comprobar que se quieren unos jueces con una claro perfil ideológico en los cargos de responsabilidad. La reforma de la elección rompe todos los contrapesos característicos de una democracia en el siglo XXI. Una vez que se complete el proceso adjudicando la instrucción a una Fiscalía férreamente dependiente del gobierno el escenario que se abre es muy inquietante. Nada bueno podemos esperar de esta ofensiva contra la Justicia. El amplio rechazo que ha concitado la decisión unilateral de socialistas y comunistas de presentar un proyecto de ley que permitirá que los vocales del Consejo sean elegidos por estos dos grupos con el apoyo de las formaciones independentistas y antisistema debería hacer reflexionar al presidente del gobierno. Estamos ante una línea roja que nunca se tendría que haber atravesado. Ni siquiera presentando este texto. Ahora hay que esperar la reacción de las instituciones europeas para que se ponga punto final a esta lamentable deriva autoritaria.