De cómo el Frente Popular “jubiló” al Poder Judicial

Sin lugar a dudas existen algunos paralelismos entre la España de los primeros meses del Frente Popular del 36 y la actual España del tándem Sánchez-Iglesias. Afortunadamente, en la actualidad, la violencia no se ha enseñoreado de las calles españolas, el hambre no reina en el interior de las casas de la mayoría de las familias españolas, ni existe una masa de desheredados que piensen y que sepan que sus vidas no tienen ningún futuro y que cualquier opción, incluso las más violentas y terribles, son necesarias y justificables para cambiar un estado de cosas como el que imperaba en la España anterior a la guerra civil hace 80 años. Los campesinos sin tierra y los obreros explotados, comidos por la pobreza, que veían en hacer la revolución su única salida son, en la España del siglo XXI, cosa del pasado ya que han sido sustituidos por una clase media que sobrevive con apreturas y preocupación pero que ha renunciado al camino de la violencia política y de la revuelta para lograr un futuro mejor.

En este escenario un partido político que ha perdido el norte, su lógica democrática, se ha aliado con un aspirante a profesor universitario que en su círculo cerrado de amigos, mientras veían Juego de Tronos, leían a Lenin e idolatraban a Hugo Chávez como salvador del pueblo oprimido, soñaba con la gran aventura de hacer una revolución al estilo de los desaparecidos bolcheviques o los tercermundistas venezolanos.

El proyecto legislativo de Sánchez-Iglesias para domesticar a los jueces está inspirado en lo que ya impuso por la fuerza Chávez en Venezuela, pero ya era una vieja aspiración de los frentepopulistas españoles de tiempos de la II República.

El 1 de junio de 1936 la prensa española traía en sus paginas tres noticias que parecen sacadas de la actualidad.

En un mitin celebrado en la plaza de toros de Zaragoza el 1 de junio de 1936 hablaron los miembros del hacía unos meses nacido Frente Popular, Largo Caballero por la UGT, Santiago Carrillo, ahora integrado en la filas socialistas fruto del nacimiento de las Juventudes Unificadas de socialistas y comunistas, y José Díaz del PCE. Los oradores reafirmaron la unidad de sus partidos bajo la imagen de un gran retrato de Lenin mientras llamaban a una revolución ahora desde el poder recién conquistado.

En los periódicos de ese 1 de junio se informaba cómo el 32% de los niños madrileños estaban sin escolarizar, mientras que el Gobierno de Casares Quiroga pretendía suprimir las escuelas y colegios religiosos, lo que supondría, solo en la capital, dejar sin colegios a 72.000 niños que se sumarían al 32% ya sin escolarizar.

La tercera noticia importante era el anuncio a golpe de decreto ley del adelanto de la jubilación de los jueces de los 70 a los 65 años, lo que supondría apartar de los tribunales, entre otros, a 18 jueces del Tribunal Supremo.

La II República había nacido con la excusa de implantar el principio de legalidad que para los republicanos, y para muchos españoles, se había tergiversado en los años finales de gobierno de Alfonso XIII. Pero tras dos años de gobierno limpiamente democrático y republicano del centro derecha (el mal llamado Bienio Negro) los partidos de centro izquierda e izquierda revolucionaria (Frente Popular) se hicieron con el poder amañando las elecciones (hoy ya se sabe con completa certeza) como puso de manifiesto el primer presidente de la II República Niceto Alcalá Zamora.

El Frente Popular había intentado hacerse con el poder de forma violenta en octubre de 1934, pero las fuerzas de orden público y el ejército, siguiendo las órdenes del gobierno democrático y republicano, habían abortado su tentativa violenta.

Ahora desde el poder, a golpe de decreto ley, el Frente Popular quería hacerse con el control que no había conseguido con las armas en la mano en el 34. Su manera de entender las libertades democráticas era que la crítica, la oposición legal de cualquier tipo (en prensa, manifestaciones, en el Parlamento, etc.) suponían una traición a «su» república y un delito que tenía que ser perseguido, y los que los cometiesen debían de ser apartados, eliminados, de la nueva España que iban a levantar.

A esta concepción totalitaria, una de las pocas instituciones que se resistía era la judicatura, que entendía que el juego democrático, la oposición pacífica no solo era legal sino también necesaria. El 1 de junio de 1936 el gobierno de Casares Quiroga adelantó la edad de jubilación de los jueces. Se quitó «de encima» a los jueces de mayor categoría y experiencia, los más apegados al amor y el respeto a la ley, abriendo las puertas a nuevos jueces complacientes con el nuevo régimen que pronto, muchos de ellos, terminaron por ser sustituidos por los llamados tribunales populares y la proliferación de checas por toda la España frentepopulista.