Eliminar el sufrimiento, no al que sufre

Imagino que dentro de poco cuando con propósitos suicidas alguien quiera lanzarse al vacío, la policía se abstendrá de disuadirle. ¿La razón?, que con la ley en trámite sobre la «muerte digna» o de la eutanasia, ese suicida estará ejerciendo un derecho y poca diferencia habrá entre el que pide que le suiciden con razones compasivas y el que lo hace por sí. Es más, si finalmente se le disuade no descarten que alguien le convenza de que reclame porque se ha atentado contra su autonomía y libertad.

Habrá que recordar que en medio de la cuádruple crisis que padecemos –sanitaria, social, política e institucional– silentemente se tramita esa ley. Y nos la encontraremos en el BOE. Entonces España estará en el top de países instalados en la «cultura de la muerte». A sus promotores no les bastan los dos millones de vidas destruidas desde 1985 gracias a la ley de aborto, ni los sesenta mil muertos de la pandemia, muchos abandonados en residencias o seleccionados para excluirles de las UCI. No, quieren más: ahora el progreso es erigir el suicidio en derecho, procurarlo o sugerirlo por compasión.

Sólo quiero recordar tres cosas a las que ya me he referido en estas páginas. Una, que la apelación a la «muerte digna» es la coartada para el suicidio asistido o el «homicidio piadoso» o compasivo; la segunda, que no por sabida debe dejar de recordarse: la solución está en la buena praxis médica para la sedación paliativa y en los cuidados paliativos, porque el enfermo terminal lo que quiere es compañía, atención, alivio físico y psíquico de sus padecimientos. En eso y no en el suicidio consiste la muerte digna. Y la última, que tras ese paso legalizador vendrán siniestros personajes especializados en procurar –cuando no inducir– la muerte a quien considere que su vida no tiene sentido o así lo juzguen ellos. Los ejemplos de Holanda o Bélgica dan mucho qué pensar.

Que esa ley se tramite de tapadillo evidencia que se quiere imponer porque la experiencia muestra que, si se le dedica al asunto una breve reflexión, se rechaza. Pero no sólo se tramita sin debate social, sino como proposición de ley, manera muy ladina para evitar engorrosos dictámenes que pudieran deslucir o hacer dudar de la pertinencia de iniciativa. Esto no ha impedido –es más, ha impulsado– que, por responsabilidad, algunas instancias oficiales hayan opinado y una muy relevante es el Comité de Bioética de España, órgano estatal, consultivo y adscrito al Ministerio de Sanidad y Bienestar Social. Este órgano ha aprobado un informe –ojo, por unanimidad– en el que no duda decir que la eutanasia y/o el auxilio al suicidio no son signos de progreso sino un retroceso de la civilización

El informe es accesible: se teclea http://www.comitedebioetica.es y ahí está. Aborda todas las cuestiones relacionadas con la eutanasia y que resume en esta conclusión: «existen sólidas razones sanitarias, éticas, legales, económicas y sociales, para rechazar la transformación de la eutanasia y/o auxilio al suicidio en un derecho subjetivo y en una prestación pública. El deseo de una persona de que un tercero o el propio Estado acabe con su vida, directa o indirectamente, en aquellos casos de gran sufrimiento físico y/o psíquico debe ser siempre mirado con compasión, y atendido con una actuación compasiva eficaz que conduzca a evitar los dolores y procurar una muerte en paz. Sin embargo, tal compasión no consideramos que legitime ética y legalmente una solicitud que, ni encuentra respaldo en una verdadera autonomía, atendido el contexto actual de los cuidados paliativos y sociosanitarios, ni, además, queda limitada en sus efectos al propio espacio privado del individuo». Cada uno de esos aspectos –sanitarios, éticos, legales, económicos y sociales– son los analizados en el informe al que me remito. Pocos días después 162 juristas, políticos y numerosos profesores y académicos de más de treinta universidades españolas, publicaron un manifiesto bajo un título que rebosa sentido común: «Eliminar el sufrimiento sí, pero eliminar al que sufre no. Detengamos la ley de la eutanasia». Pero frente a lo que pudiera parecer no estamos ante un debate para eruditos, médicos o políticos: es ante todo social, porque en esto nos va la vida a todos.

José Luis Requero es magistrado