Un Gobierno fuera de control

Pedro Sánchez ha encontrado en el estado de alarma algo más que un recurso jurídico para aplicar determinadas medidas sanitarias que afectan a derechos fundamentales. Se ha convertido en el neologismo empleado para ocultar el absoluto descontrol del Gobierno ante la pandemia y la imposibilidad de tener un mando único que haga efectivo en todo el territorio nacional las mismas políticas de contención. El hecho de que la posición del Gobierno vaya cambiando día a día en función de su frágil mayoría, da muestras de que el estado de alarma en las condiciones en las que ha sido decretado no responde a ninguna necesidad objetiva, sino a la desorientación, de nuevo, ante el avance de la segunda ola de la pandemia. Primero se anunció que se prolongaría hasta el 9 de mayo, un tiempo desproporcionado si se tiene en cuenta que, como alertan los juristas, cuando afecta a derechos fundamentales es aconsejable la moderación. Sin embargo, ayer Sánchez ofreció al PP que el estado de alarma se acorte dos meses, hasta el 9 de marzo. Pero es que, además, para conseguir el apoyo de algunos de sus socios, está dispuesto a dejarlo en dos meses. Si el estado de alarma era de seis meses, se supone que por razones sanitarias y aconsejado por los expertos que Sánchez dice tener, ¿con que rigor se reduce ahora a dos?

El decreto que será aprobado hoy no especifica algo que constitucionalmente está tipificado, el ámbito territorial donde se aplicará, permitiendo que cada comunidad autónoma regule según sus necesidades, algo que la Ley Orgánica del 81 no permite. De esta manera, la efectividad del estado de alarma no será exigida al Gobierno, que aspira a que el Congreso le extienda un cheque para aplicar medidas que, llegado el caso, suponga el confinamiento general o la paralización de la economía, dos iniciativas que ya sabemos las consecuencias que pueden tener. Si la Constitución marca muy claramente en sus artículo 116 que la duración del estado de alarma «no podrá exceder de quince días», prorrogables por otro plazo igual con la conformidad del Congreso, es difícil entender que quisiera alargarlo durante seis meses sin explicar las razones que le obligan a ello. O que no sea el propio Parlamento quien refrende la prórroga y ceda esta responsabilidad al Consejo Interterritorial. Lo lógico, tratándose de una media de excepción que afecta y limita los derechos públicos e individuales, es que esté sometido al control del legislativo y que sea ahí donde el presidente del Gobierno solicite cada quince días la extensión de la excepcionalidad avalada con los datos de contención del virus. Pero no es esta la voluntad de Sánchez. De hecho, hoy no será él quien defienda su aplicación y pida el voto a la Cámara, sino el titular de Sanidad, Salvador Illa, algo injustificable en el actual momento. De nuevo, en el peor momento, el Gobierno ha desaparecido.